Hoy hace un año los habitantes de Tuluá despertaron con una noticia desgarradora. El 28 de junio de 2022, en el pabellón número 8 de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad se produjo un incendio fatal. En esta tragedia fallecieron 57 internos y las familias consideran que no hay avance en las investigaciones.
Los problemas de comunicación con las familias han sido una constante desde el inicio. Samantha Restrepo estaba en la Terminal de Transportes de Cali esperando abordar un bus cuando una noticia estremecedora sonó en la radio: se incendió el pabellón 8 de la Cárcel de Tuluá. Inmediatamente pensó en su padre, Darío Restrepo, quien estaba recluido en ese lugar desde hace tres meses.
“Nadie se comunicó con nosotros, eran las seis de la mañana”, recuerda. Llamó a su familia, abordó un bus que iba para Bogotá y le pidió al conductor que la dejara en la Terminal de Tuluá porque había ocurrido una desgracia.
Al llegar a la escuela donde poco a poco se acercaban los familiares en búsqueda de información, Samantha esperaba los listados de sobrevivientes. En ninguno de ellos estaba el nombre de su padre.
Durante horas esperó información sobre él, quien en el tiempo de reclusión había presentado un cuadro de desnutrición, gastritis crónica y problemas en la cadera.
Con el corazón acelerado, Samantha se fue hospital por hospital con una foto de su padre. “Yo iba para saber si lo podía identificar y a los médicos les decía sobre los tatuajes que tiene”. Así lo encontró en la Clínica San Francisco.
Un año de pocas noticias
A eso de la 1:35 a.m. del 28 de junio de 2022, los bomberos recibieron una alerta de incendio desde la Cárcel de Tuluá debido a una alteración del orden público. Azarías Hincapié, comandante de Bomberos, emprendió el viaje junto con su equipo para controlar las llamas.
Y es que luego de que dos grupos del pabellón 8 comenzaran una riña, internos prendieron fuego a algunos colchones, supuestamente para dispersar el olor al gas pimienta que se había usado para separarlos. Sin embargo, las llamas pronto se salieron de control y afectaron a los 180 detenidos del pabellón.
Cuando llegaron los Bomberos, la situación era de extrema gravedad. “Le dimos prioridad a la evacuación de los que estaban allí y, posteriormente, se inició el proceso para controlar el fuego”, afirmó en su momento Hincapié.
Al controlar el incendio, 51 personas fueron declaradas muertas, de las cuales, muchos familiares permanecían a las afueras de la cárcel llorando y gritando, en medio de la agonía.
“La situación era terrible. Ver a esas mujeres llorando y tirándose al piso fue muy duro psicológicamente”, afirmó Angie Paola Rojas, directora de la Fundación Rompiendo Cadenas a la Libertad, quien fue de una las primeras en llegar al lugar de la tragedia.
Las familias denuncian que un año después de lo ocurrido, no hay total claridad y mayores detalles de lo que pasó aquella madrugada al interior del penal. Además, sostienen que la atención médica brindada a los reclusos fue precaria.
“Mi padre Darío Restrepo sufrió quemaduras internas y queratitis térmica, es decir, una quemadura en los ojos que lo dejó muy mal de la vista”, declaró su hija.
Además, aunque estuvo en UCI y conectado a un ventilador, a los siete días del accidente lo mandaron nuevamente para la cárcel. Esta noticia la conocieron por medio de Angie Paola Rojas, ya que las autoridades no se comunicaron con nadie.
Desde ese momento el proceso de su padre está estancado. El Inpec no le presta los servicios de salud debido a que Darío tiene EPS y afirman que la entidad es la que debe asumir esta responsabilidad .
Además, “desde el mes de diciembre lo trasladaron a Boyacá y nosotros no tenemos familia allá, por eso no ha podido asistir a ninguna cita. Nos cortaron todo el proceso médico y no ha sido posible realizarle una cirugía de cadera que necesita”, dijo Samantha.
“Afortunadamente hay personas que sobrevivieron pero necesitan una atención que no están recibiendo. Que estén privados de la libertad no significa que no tengan derechos”, expresó, en medio de la impotencia, Samantha.
La oficina de Bermúdez Abogados Asociados, representa a dos privados de la libertad afectados por este incendio y afirman que la Fiscalía ha hecho un trabajo aceptable hasta el momento.
A pesar de varios aplazamientos, “el 5 de julio de 2023 se llevará a cabo la audiencia de imputación contra cuatro personas que tendrían responsabilidad en los hechos ocurridos el 28 de junio de 2022, estamos a la lectura del Fiscal del caso”, afirmó el abogado Johny Alexander Bermúdez.
El abogado explica que, aunque las familias consideren que no hay avances, la realidad es que el caso sigue activo, “Son muchos afectados, por ello, el proceso es muy demorado. Nosotros los abogados debemos comentarle a los clientes cada avance porque ninguna entidad se comunicará con ellos para informarlos”, sostuvo.
Para el abogado, la tragedia ocurrió por negligencia del Inpec. “Tenemos entendido que algunos guardias estaban en la Feria de Tuluá”, esto debido a que vecinos atestiguaron que vieron a algunos corriendo para entrar de regreso a las instalaciones cuando se enteraron de la emergencia.
Además, en el centro carcelario había hacinamiento, la estructura era antigua y no se contaba con una red contra incendios robusta.
En este momento, las víctimas esperan una reparación que no ha llegado. En la vía administrativa, se busca que los seres queridos sean indemnizados. En el caso de los fallecidos, las familias pueden recibir hasta 100 salarios mínimos, respecto a los lesionados, dependerá del nivel de discapacidad que presenten.
Desde la Defensoría manifestaron que están organizando un informe con avances y pendientes que socializarán en los próximos días.
“En la vía penal esperamos que haya justicia, personas condenadas por estas estos fallecimientos y por los heridos”, enfatizó Bermúdez.
A este clamor se une Samantha: “Ellos entraron en buenas condiciones a esa cárcel y ahora están muy mal física y psicológicamente. Otros ni siquiera están”.