“Yo quiero saber la verdad, pero no solo por mí sino para todos los que sufren este flagelo, alzamos la voz por todos, tenemos que volvernos a levantar”, aseguró Patricia Campo, quien busca a su padre desaparecido forzosamente en 1998 mientras se encontraba en su parcela ubicada en Caloto, Cauca.
La Ubpd nació con el Acuerdo de Paz de 2016 y se encarga de buscar a las personas víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado en Colombia, que según las cifras del Centro de Memoria Histórica son por lo menos 80.000.
Cabe resaltar que en la última actualización del Universo de Personas, realizada por la Unidad de Búsqueda, en el contexto del conflicto armado hay 111.640 afectados por delitos como reclutamiento, desaparición forzada y secuestro.
Los retos de la búsqueda
En Colombia, el trabajo de búsqueda de desaparecidos en el marco del conflicto es una labor peligrosa, es más, muchas de las familias son revictimizadas en el proceso. “Un día estaba aquí en Cali y fui a la Terminal, allí se me acercó un señor y me llamó la atención su aspecto porque parecía ser del campo, no de la ciudad, y me dijo que no buscará más a mi papá, que dejara eso. Además, de una mochila wayú que tenía sacó un fajo de billetes y me lo pasó, pero yo no lo recibí y del miedo salí corriendo”, narró Patricia.
Por el temor pasó seis años en Medellín con su familia, pero el deseo de saber qué le pasó a su padre la motivó a continuar, por lo que una vez que volvió a Cali siguió tras la pista de Francisco con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr.
En esta labor descubrió que su padre había sido visto en Silvia, Cauca, aparentemente secuestrado unos meses después de su desaparición y desde ese día sigue todas las pistas con la esperanza de encontrarlo.
“Yo en este momento creo que mi papá ya no está, porque debería tener unos 89 años, entonces yo sé que vivo no lo voy a encontrar, pero sí quiero saber la verdad”, expresó Patricia.
De la misma manera, María Ludivia Vanegas también busca a sus seres queridos, algunos de ellos desaparecidos, torturados y asesinados en Trujillo y Barragán, Valle del Cauca, por lo que hace 34 años es parte de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo, Afavit, de la cual es representante legal.
Una lucha compartida
A pesar de que la Unidad de Búsqueda recibió los 150 casos, se debe hacer una verificación para conocer la competencia individual de cada persona, ya que si la desaparición no fue en el contexto del conflicto armado u ocurrió después del 2016 debe ser asumida por otras entidades como la Fiscalía o el Instituto de Medicina Legal, entre otros.
“Es un delito que permanece y tenemos casos documentados de hace tres y cuatro meses. Sin embargo, ni antes ni ahora el acompañamiento del Estado es claro porque las familias ni siquiera saben que hay una ruta de búsqueda, ni que tienen esos derechos. Además, pasa que van a las entidades estatales y les dicen que tienen que esperar 72, 24 y 48 horas, pero la ley 589 dice que de manera inmediata se debe iniciar la búsqueda”, explicó Burbano.
A pesar de que el trabajo se centra en encontrar con vida a todas las personas dadas por desaparecidas muchas veces son hallados sus restos, los cuales son entregados dignamente a las familias para que puedan darles sepultura de acuerdo con sus creencias.
Actualmente, el Instituto de Medicina Legal en Cali tiene 22 cuerpos identificados, por ello, familiares de personadas desaparecidas que no se hayan realizado la prueba de ADN para su identificación pueden acercarse a las instalaciones de manera gratuita.