Ocho de los 10 integrantes del Ejército que fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hace cerca de tres meses, por su responsabilidad en varios asesinatos y desapariciones forzadas perpetradas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba entre 2002 a 2006, aceptaron su responsabilidad escrita en estos hechos.

Lea además: Video: policías fueron recibidos con ráfaga de disparos en zona de la masacre, en Brisas de Mayo

Entre los militares que aceptaron su responsabilidad se encuentran los coroneles Efraín Enrique Prada y Edie Pinzón Turcios, el sargento viceprimero Hernando Cómbita, los mayores en retiro Yair Leandro Rodríguez Giraldo, y Hermes Mauricio Alvarado; los sargentos retirados William Andrés Capera, Fidel Iván Ochoa y Jaime Coral Trujillo; y el soldado profesional en retiro Levis de Jesús Contreras Salgado.

Entre sus reconocimientos los ocho comparecientes “ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz”, también aceptan responsabilidad individual” y “reconocen su participación en calidad de máximos responsables”. Asimismo, muestran su disposición de realizar acciones tareas y actividades “con la finalidad de reparar los daños causados”.

Le puede interesar: Ofrecen recompensa de $100 millones para dar con los responsables de la masacre en Cali

Tras este reconocimiento los ocho comparecientes deben pasar del reconocimiento escrito a hacer un reconocimiento público en una audiencia pública de reconocimiento de verdad, en la cual se deben referir públicamente sobre los hechos y conductas consignadas en el auto de imputación, tal como ha sucedido con los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.

Por su parte, los coroneles Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la Brigada Móvil 11) y David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) manifestaron que no aceptan su responsabilidad por los crímenes que les imputó la JEP. Ante este escenario se enfrentan al proceso adversarial, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en donde de ser hallados culpables se exponen a penas hasta de 20 años de cárcel.