Con preocupación se ha observado este año como casi a diario un menor de edad es asesinado en el país en circunstancias distintas, un panorama que ha puesto sobre la mesa si las penas para los delincuentes que abusen o le quiten la vida a niños deben ser endurecidas.
Y es que las cifras son tan alarmantes, ya que entre enero y agosto de este año se cometieron 375 homicidios contra niños de acuerdo con los registros de los Boletines Estadísticos de Medicina Legal, con el agravante de que en varios de esos hechos, los presuntos responsables tenían antecedentes judiciales.
Uno de los casos más recientes tiene que ver con el asesinato de Santi Esteban Beltrán, de cuatro años, y Susan Camila Beltrán, de siete, en el sector de Las Ferias, en la localidad de Engativá en Bogotá.
El autor de estos homicidios sería, presuntamente, su propio padre identificado como Darwin Felipe Beltrán, de aproximadamente 31 años, quien tiene antecedentes por el delito de violencia intrafamiliar en 2019. Además, de un proceso por receptación.
El crimen ocurrió la tarde del lunes 28 de octubre al interior de una vivienda de inquilinato ubicada en ese sector de la capital del país, luego de que al parecer Beltrán viera a su expareja y madre de los menores caminando con alguien más con destino a su residencia.
Supuestamente fue por ese motivo tomó a sus pequeños hijos y los asesinó. Medicina Legal determinó que el niño murió brutalmente golpeado, mientras que la niña fue atacada con arma blanca.
Tras cometer el crimen, Beltrán dejó una nota al lado de los cuerpos con la frase “los amo”; luego salió a la calle, hizo un gesto amenazante y volvió a entrar. Segundos después, su expareja arribó al sitio y salió casi de inmediato, conmocionada al darse cuenta de lo ocurrido.
Cabe mencionar que según algunos testigos, el presunto asesino al parecer mostró el cuerpo sin vida de uno de los menores por la ventana de la residencia sin mostrar señales de arrepentimiento y por este motivo casi es linchado por la comunidad, de no ser por la intervención de las autoridades .
Tras su captura, Beltrán fue presentando ante un juez, quien acogió la solicitud de la Fiscalía y lo envió a la cárcel, pero se declaró inocente, a pesar de que le confesó a Medicina Legal que sí era el autor de los hechos.
“Me dio como un cuadro de locura y asesiné a mis hijos”, argumentó y sostuvo que sufre de trastorno bipolar y que ese día no tomó su medicamento, lo que según él llevó al fatal desenlace.
El Valle del Cauca, otro escenario violento para los niños
Sofía Delgado es otra víctima reciente de la violencia contra los niños, y tal como Santi Esteban y Susan Camila, murió a manos de un hombre que ya tenía antecedentes penales.
Se trata de Brayan Campo, quien tenía anotaciones por delitos sexuales y un proceso penal activo por presunto acceso carnal violento hacia otra menor, en 2018, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos.
La menor estuvo desaparecida durante 18 días luego de que el 29 de septiembre, saliera de su casa en Villagorgona, corregimiento de Candelaria, en el Valle del Cauca, para comprar un shampoo para mascotas, pero se encontró con Campo, quien la encerró en su tienda y la golpeó fuertemente en la cabeza.
Luego la trasladó a un cañaduzal cerca del casco urbano, en donde la enterró para que no fuera encontrada por las autoridades y la comunidad, quienes desplegaron una incansable búsqueda de la niña de 12 años.
Ante estos casos la indignación de los colombianos fue tal que desde varios sectores se planteó la modificación de las leyes para castigar más duramente a quienes cometan delitos en contra de los niños.
Una de las primeras revivir la propuesta fue la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien el día en el que se encontró el cuerpo de Sofía en el cañaduzal, afirmó: “Todo aquel que es capaz de agredir, maltratar, violar o asesinar a un niño, es un monstruo que debe ser excluido de la sociedad”. Además recalcó que “debemos pensar en establecer la cadena perpetua para los monstruos que asesinan niños”.
¿Es viable la cadena perpetua para estos delincuentes?
La grave situación que están viviendo los menores de edad en el país ha vuelto a abrir el debate sobre si se debe legislar para permitir la cadena perpetua a abusadores y asesinos de niños, algo que en todo caso la Corte Constitucional ha dicho que no es válido.
Pero también se plantea el interrogante sobre las posibles grietas que se están presentando al interior de la justicia para que personas con antecedentes reincidan en los delitos que afectan a los niños, niñas y adolescentes en el país.
Ante estos interrogantes, penalistas coinciden en que el problema no es necesariamente la pena que se le impone a los agresores, sino en la manera en como se deben prevenir esos hechos de violencia.
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados de Colombia, hizo énfasis en que se deben aplicar correcta y eficazmente las sanciones que ya existen, pero sobre todo fortalecer el sistema de protección de los menores de edad.
Sobre ese debate Norberto Hernández Jiménez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, coincidió en que la principal grieta no está relacionada con un endurecimiento de penas. Para él existe un problema de resocialización.
“El ideal de la privación no es únicamente castigar, sino buscar que esas personas cuando se reintegren a la sociedad puedan ser personas que no sigan cometiendo delitos. Pero es imposible hacerlo en un ambiente colapsado y hacinado como el que se ve en las cárceles”, sostuvo el académico, al señalar que debe haber un proceso de seguimiento y acompañamiento cuando cumplen sus condenas.
Otro punto que menciona Hernández Jiménez es el vencimiento de términos. Explicó que el problema se centra en que el sistema judicial no está respondiendo adecuadamente a la celeridad que se le debe dar a muchos casos y eso termina en la libertad de los procesados, lo cual es un derecho.
“Debe haber mayor inversión en término de más jueces y más fiscales que puedan actuar”, aseguró el docente universitario.
Por lo anterior, ambos coincidieron en que la solución no es implantar cadena perpetua en el país. Propuesta que califica Hernández Jiménez como “populista”. En ese contexto, los expertos concluyeron que la justicia debe hacer más en labores de prevención, para que la cifra de menores asesinados en el país no siga aumentando.