La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una indagación preliminar en averiguación de responsables en contra de integrantes de la Policía Nacional por la muerte de tres jóvenes, en el marco de las protestas registrada durante el paro nacional.

Se trata de las muertes de un menor de 17 años en Cali y dos ciudadanos de 19 y 24 años de edad ocurridas en Ibagué y en Madrid, Cundinamarca, quienes al parecer habrían sido víctimas del exceso de fuerza de las autoridades.

Así mismo, anunció que avanza en la recolección y evaluación de pruebas dentro de las indagaciones adelantadas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, todas aquellas relacionados con casos que involucran víctimas mortales ocurridas entre el 28 de abril y el 2 de mayo.

Lea además: Joven asesinado en disturbios del barrio Calima era familiar del alcalde Ospina

En total se adelantan 26 indagaciones preliminares anunciadas por la Policía Nacional, de las cuales ocho serán asumidas por el Ministerio Público por poder preferente, las cuales serán conocidas por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos para la verificación de cada caso.

Las otras 18 indagaciones preliminares tendrán súper vigilancia administrativa, que consiste en la potestad que ostenta la entidad para intervenir como sujeto procesal en investigaciones disciplinarias que se adelantan en los distintos entes y órganos del Estado.

Frente a las quejas que han surgido durante las jornadas de acompañamiento, la Procuraduría evalúa las información difundida por los medios de comunicación, entre las que figuran videos de redes sociales y cámaras de vigilancia, así como las copias que trasladará la Fiscalía General.

También, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales constituyó una agencia especial con la que se designó una comisión de procuradores judiciales penales para que intervenga de manera permanente en el curso de los procesos penales que adelanta la Fiscalía General.

La procuradora General, Margarita Cabello Blanco, reiteró su compromiso con las familias de cada una de las víctimas, y con el país en torno a garantizar que este organismo de control ejercerá las funciones constitucionales y legales para que se imparta efectiva justicia y se aclaren los hechos.

“Tenemos identificados ya los casos en los que presuntamente se excedió el uso de la fuerza y violaciones a los Derechos Humanos, así como aquellos que condujeron a un desenlace fatal, y puedo garantizarles que nuestra prioridad será garantizarle a las víctimas, a sus familias y al país, que habrá justicia y ningún crimen quedará en la impunidad”.