La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación en contra de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, una de las protagonistas del escándalo de Centros Poblados que dejó la pérdida de 70.000 millones de pesos asignados para llevar internet a escuelas rurales de Colombia.

La decisión de cerrar definitivamente este expediente disciplinario se tomó luego de concluirse que la exfuncionaria del gobierno de Iván Duque no cometió conductas irregulares en la adjudicación del contrato 1043 de 2020, negociado con la Unión Temporal Centros Poblados.

Karen Abudinen, exfuncionaria del gobierno de Iván Duque.

“Las decisiones tomadas durante su gestión, aunque relacionadas con el proceso de licitación, no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudieran generar responsabilidades disciplinarias para la exministra”, se lee en el documento de 46 páginas.

Según esa Sala del Ministerio Público, durante el proceso se determinó que la exfuncionaria no tuvo una responsabilidad directa y no incurrió en la violación a las normas de contratación pública, por lo que no ameritaba un castigo disciplinario.

“De acuerdo con el artículo 90 del Código Disciplinario Único, el proceso se puede archivar cuando se comprueba que el hecho atribuido no existió o no hay elementos que demuestren la responsabilidad del investigado”, explicó la ponencia del procurador John Harvey Pinzón.

Esta investigación era promovida por Henry Antonio Anaya Arango, presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, quien solicitó que se iniciara una actuación disciplinaria contra la exministra Abudinen y Adriana Mesa Consuegra, secretaria general del MinTIC, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con el contrato de la licitación pública.

Como se recordara, en junio de 2021, la Unión Temporal Centros Poblados presentó garantías bancarias falsas para ganar un contrato millonario del MinTIC por $70 mil millones. Una vez el caso quedó al descubierto, a través de denuncias mediáticas, se canceló el contrato y provocó la salida de la exministra de las TIC, Karen Abudinen.

El escándalo salpicó otros nombres como el del contratista condenado por corrupción Emilio Tapia, el representante Luis Fernando Duque y Ottomar Lascarro, Juan José Laverde y Juan Carlos Cáceres.