La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional que le impuso el 7 de noviembre al superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, quien presuntamente modificó la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación.
El ente de control investiga a Pérez Casas, designado por Gustavo Petro, por dos cargos. El primero de ellos se fundamentó en que “habría modificado, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos”, de acuerdo con lo que expresó a inicios de noviembre el Ministerio Público.
Tras la modificación, en las listas se incluyeron personas que no participaron en la convocatoria para el cargo, que se realizó en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos. Fue a través de ese acto que Juan Carlos Carvajal Rodríguez resultó escogido como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila.
“Para el Ministerio Público, el Superintendente habría desconocido los principios de igualdad, legalidad, moralidad, entre otros, dado que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original, con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era definitiva, obligatoria e inmodificable”, mencionó la Procuraduría.
El órgano disciplinario determinó que la suspensión era necesaria porque, si Pérez seguía como superintendente, podía seguir modificando la lista de elegibles, que está vigente desde agosto de este año hasta agosto de 2024. Así, podría designar directores o agentes liquidadores que no participaron en la convocatoria inicial.
El segundo cargo es una aparente solicitud de dinero a las cajas vigiladas para la población de Buenaventura (Valle del Cauca). “Independientemente del fin altruista, el funcionario no podía solicitar a las cajas vigiladas contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por ley”, explicó el Ministerio Público.
La entidad dirigida por Margarita Cabello anotó que la labor de las cajas de compensación es administrar los recursos parafiscales con los que se financia el Sistema del Subsidio Familiar, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por tanto, el Superintendente no podía solicitar dinero para otros fines.
Argumentó que “según lo afirmado por el funcionario en un evento público, al 9 de diciembre de 2022 los aportes recibidos superaban los 900 millones de pesos, y para el 15 de diciembre de ese mismo año esperaba completar mil millones de pesos”.
Luis Guillermo Pérez, a su turno, presentó un recurso para que el Ministerio Público cambiara su decisión, alegando que su presunción de inocencia se mantiene intacta mientras la Procuraduría lo investiga y llega a una sanción de fondo. Sin embargo, la Procuraduría no accedió.
“El Ente de control explicó que en ningún momento se afecta la presunción de inocencia de Pérez Casas”, apuntó la Procuraduría General en un comunicado difundido este martes, en el que añadió que “el lapso de tres meses de suspensión es acorde con lo estipulado en la ley, plazo que podrá ser prorrogado hasta por seis meses”.
El anuncio de la Procuraduría llegó un día antes del acto de reconocimiento que se le hará en el Congreso al ahora suspendido Superintendente.
Según lo que publicó Pérez en su cuenta de X, el reconocimiento llegará de parte de la bancada del Pacto Histórico, que exaltará a las 7:30 de la mañana al abogado “por su defensa de la vida y gestión ejemplar como superintendente del Subsidio Familiar”.
Con información de Colprensa