La Sala Disciplinaria de Instrucción abrió una indagación preliminar para determinar si en la compra de un avión de 12 millones de dólares para la Policía hubo irregularidades que pudieran configurar un detrimento para el patrimonio del Estado.
La Contraloría General de la República había hecho ya reparos a esta adquisición, pues determinó que la compra del avión ejecutivo tipo Embraer se hizo por un valor sensiblemente más alto del que tuvo un avión similar adquirido para la FAC en 2021 y del que ofertaba el Gobierno de Ecuador por una aeronave del mismo modelo.
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"Para la Contraloría, se priorizó la compra de una aeronave con unas características que no satisfacen el interés social perseguido", dijo la entidad en esa oportunidad, pues señaló que la aeronave para 13 pasajeros no permitía transportar tropa ni equipos y sí el costo de ella representó el 41,5% del presupuesto total establecido para la adquisición de 3 aeronaves tipo Embraer, con las que se buscaba ampliar la capacidad operativa de la Policía.
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La Procuraduría señaló que es necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los funcionarios comprometidos en las conductas objeto de averiguación, por lo que solicito practicar pruebas conducentes a la identificación e individualización de los mismos.