Los excomandantes de las Farc, Édgar López Gómez, alias Pacho Chino, Juan Carlos Ramírez, alias Sargento Pascuas, y Héctor Julio Villarraga Cristancho, alias El Grillo, serían responsables por el crimen de lesa humanidad de esclavitud, por lo que la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los determine por este delito.
Según la Procuraduría, “la compra de secuestrados no se trató de eventos esporádicos cometidos por algunos de sus miembros, sino de una dinámica acogida de forma sistemática. Así, correspondió a una política que se extendió por las estructuras de las FARC – EP, en concreto por el CCO-BOCC, que además nunca se controló o delimitó”, aseguró el Ministerio Público.
Los excomandantes identificados arriba y que estarían compareciendo ante la JEP por un Macrocaso, deben asumir la responsabilidad de este crimen, según la Procuraduría, en la búsqueda de que no queden impunes y se repare a las víctimas.
Además, el delegado de la Procuraduría ante a JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, requirió que se determine la responsabilidad de mando del compareciente Héctor Julio Villarraga Cristancho, Gilberto Arroyave o ‘El Grillo’, por el crimen de guerra de violación sexual que se cometió de manera concurrente con los crímenes de toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad.
Frente al documento de observaciones frente los Hechos y Conductas atribuibles a exmiembros del Bloque Occidental de las Farc, perteneciente al Macrocaso 01, la Procuraduría aseguró que esa unidad fue responsable de al menos 42 Secuestros con finalidad financiera, en las que fueron privadas de la libertad 92 personas, incluidos menores de edad, por cuyos rescates solicitaron sumas de entre $ 200 millones y hasta 5 millones de dólares para no entregar a la víctima en pedazos.
En el marco del secuestro, del que fueron víctimas muchos colombianos, sustentó la Procuraduría en su solicitud, estas personas “no solo fueron privadas de la libertad, también fueron torturadas física y psicológicamente, esclavizadas, abusadas sexualmente y luego asesinadas, sus cuerpos desaparecidos; todo para reafirmar el dominio violento del territorio”.
Como ejemplo, la Procuraduría expuso el caso de tres niños secuestrados, uno de ellos sacado a la fuerza del bus del colegio, que duró en cautiverio un año mientras su familia juntaba los $600 millones de pesos, que esa guerrilla pidió por el rescate, y a pesar de que, según los excombatientes, se trataba de una práctica prohibida al interior de esa guerrilla.