La Procuraduría decidió este viernes revocar los oficios que ordenaron el traslado de Emilio Tapia a la guarnición militar Francisco Javier Vergara y Velasco del municipio de Malambo, Atlántico.
Según informó el ente de control, se dejaron sin efecto los oficios 3571 y 3572 del 10 de julio de 2023 dirigidos al comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional, Brigadier General, Jaime Eduardo Torres Ramírez, y al comandante del Batallón de Ingenieros No. 2 General Vergara y Velasco de Malambo (Atlántico), Teniente Coronel, Mauricio Calvo Restrepo, en los que se les solicitaba el inmediato traslado.
Además de revocar los oficios, se inició una investigación disciplinaria contra el funcionario Óscar Obeso Hernández, debido a las posibles irregularidades del funcionario en los requerimientos.
”En esta provincial fue radicada la queja presentada por el señor Luis Felipe Henríquez del Castillo, teniendo en cuenta como referencia la protección del debido proceso del señor Emilio José Tapia Aldana, solicitando acompañamiento, vigilancia y control considerando que existe una ostensible violación de una orden judicial por una extralimitación de funciones del personal del Batallón de Ingenieros General Vergara y Velasco en Malambo”, expresa el auto conocido.
El ente de control manifestó que el expediente se trasladará a la Agencia Especial que en calidad de Agente del Ministerio Público viene atendiendo los asuntos relacionados con Emilio Tapia, dentro de la acción de tutela interpuesta por sus familiares.
Cabe resaltar que Emilio Tapia actualmente se encuentra en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras ser acusado por la Fiscalía como uno de los cerebros en ese entramado de apropiación de recursos públicos conocido como Centros Poblados y de los cuales se perdieron $70.000 millones.
¿Cuáles son los nuevos delitos por lo que Tapia irá a juicio?
El controvertido contratista, Emilio Tapia Aldana deberá responder por el caso de Centros Poblados y dos proyectos de tratamiento de agua en Cali, esto tras la acusación formal que hizo en su contra la Fiscalía General de la Nación.
En primer lugar, precisó la Fiscalía, dos de los eventos que se le atribuyen a Tapia Aldana, son el sonado contrato de ‘Centros Poblados’, con el que se buscaba llevar Internet a 7.000 escuelas rurales, en donde el acusado habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal.
De acuerdo con el ente acusador, Tapia a cambio les pagaría 4.000 millones de pesos. “De esta manera, ‘Centros Poblados’ se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato. Estas entidades no tendrían ninguna participación en el contrato, pero su presencia era determinante para reunir los requisitos esenciales para garantizar la adjudicación de la millonaria licitación”.
De los 70 mil millones del contrato, Emilio Tapia Aldana al parecer recibió 6.182 millones de pesos de los recursos iniciales entregados a la unión temporal. De esta suma, presuntamente, giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las empresas que vendieron la experiencia de sus compañías.
El resto, algo más de 5.064 millones, los habría usado para gastos no plasmados en el plan de inversión como compra de obras de arte, apartamentos, tiquetes aéreos, vehículos de gama alta, y el pago de honorarios a abogados, por lo que fue acusado por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.
De otra parte, Tapia Aldana está vinculado con la falsificación de varios documentos que fueron presentados en procesos licitatorios surtidos ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en 2021, para desarrollar dos proyectos relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones de pesos y 2.414 millones, respectivamente.
”Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido adulterados dos papeles denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali.
De esta manera, los funcionarios públicos incurrieron en error y permitieron que las empresas de Tapia Aldana participaran en la licitación y se quedaran con los contratos. En ese sentido, la Fiscalía los acusó por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado”, precisó el ente acusador.
*Con información de Colprensa*