La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Armada Nacional, al Ministerio de Justicia, Inpec y a la Alcaldía de Buenaventura, Valle del Cauca, cerrar inmediatamente el centro de reclusión que funciona en la estación de guardacostas de dicha localidad.
“Evidenciamos que este lugar no cuenta con las condiciones que garanticen el respeto de sus derechos humanos”, dijo el delegado Sarmiento.
Entre las personas privadas de la libertad de manera transitoria hay 19 extranjeros y solo siete colombianos y permanecen en este lugar hasta que su situación jurídica y migratoria, en un espacio cuya capacidad de alojamiento es mucho menor al número de privados de la libertad, sin ventilación y con deficientes zonas de baños y alimentación y puntos críticos que podrían generar una fuga masiva.
“Hacemos un llamado urgente para que se defina el traslado de estas personas a un centro detención transitoria o un establecimiento de reclusión y se realice el cierre definitivo del espacio de reclusión”, aseguró el delegado Sarmiento.
Este no es el único caso de hacinamiento en el Valle del Cauca, en Cali, el Personero Distrital, Gerardo Mendoza, reveló una situación preocupante que afecta a las personas privadas de libertad en la capital del Valle, puesto que existe un hacinamiento del 700% en los lugares que mantienen población retenida.
“Hay 23 estaciones de Policía habilitadas para albergar a los detenidos por diferentes causas con capacidad de 309 personas, pero no se tiene ese número, se tienen 2420 personas”, explicó a El País el Personero, añadiendo que esta sobrepoblación debería ser transitoria, sin embargo, se ha convertido en una situación permanente.
Debido a lo anterior, en dichas estaciones se han presentado brotes de diversas enfermedades como, por ejemplo, la tuberculosis o problemas de salud mental como estrés, ansiedad y depresión, lo que viola los derechos humanos de los reclusos y deja ver el desconocimiento a los pronunciamientos “reiterativos de la Corte Constitucional sobre el estado de cosas inconstitucional sobre el manejo de los internos y detenidos en diferentes estaciones de Policía que demanda una atención inmediata por parte del Ministerio Público, en este caso de la Personería”, aseguró el Personero.
Cabe destacar que según Mendoza la misión constitucional de la Policía no incluye la custodia de los prisioneros en Cali, por ello, muchos uniformados que deberían estar prestando sus servicios de seguridad en la ciudad no lo están haciendo debido a que están vigilando a estos privados de la libertad y es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el encargado de estas labores.