Este martes, 22 de abril, se dio a conocer que la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que condene al general (r) Iván Ramírez Quintero y al coronel (r) Fernando Blanco Gómez por su responsabilidad como coautores en la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia.
Los hechos se remontan al 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la toma del Palacio por parte del M-19 y la posterior retoma militar conocida como el Holocausto del Palacio de Justicia, en la que murieron más de 90 personas, incluyendo 11 magistrados.
¿Qué dictaminó la entidad?
Este pronunciamiento se da mediante el concepto del procurador segundo delegado para la Casación Penal, Jaime Millán, expedido el pasado 10 de abril de 2025.
De acuerdo con la entidad, este responde al recurso extraordinario de casación, presentado por los apoderado civiles tras la confirmación parcial del fallo que en 2011 absolvió a los oficiales retirados del Ejército.
Con base a lo anterior, la Procuraduría consideró que existen nuevos elementos para emitir una sentencia condenatoria y así los oficiales retirados sean condenados, “en calidad de coautores impropios del delito de desaparición forzada en la persona de Carlos Augusto Rodríguez Vera, con todas las consecuencias punitivas que de esa declaratoria dimanen”, se lee en el documento.
¿Cuál fue la participación de Iván Ramírez Quintero y Fernando Blanco Gómez en la desaparición de personas?
Hubo 12 desparecido posterior a la toma del Palacio de Justicia, y entre ellos estuvo Carlos Augusto Rodríguez, quien fue visto saliendo de las instalaciones y siendo trasladado al Museo Casa del Florero, y a partir de ahí no se supo más de él.
“Fue por cuenta de los miembros del Coici, a cargo del Mayor General (R) Ramírez Quintero y del Coronel (R) Blanco Gómez, que quedaron las personas que luego de haber sido sacadas con vida del Palacio de Justicia, fueron trasladadas al Museo Casa del Florero, en lugar y en un día a partir de los cuales la existencia de Carlos Augusto Rodríguez Vera se convierte en una absoluta indefinición”, dictaminó el Ministerio Público.
Además, entre las declaraciones previas, ante la Corte Suprema de Justicia, está la de la señora María del Carmen Castro de Patiño, quien trabajó en ese momento en los servicio generales del Palacio de Justicia y conocía a la víctima. Por lo que ella fue pieza clave en la constatación de las cintas de grabación y la salida de Rodríguez del edificio.