Una vez más se aplazó la elección de fiscal general de la Nación. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia votó, esta vez en un ambiente de tranquilidad, por las tres candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro, pero ninguna de ellas alcanzó la mayoría requerida para quedarse con el cargo.
El presidente de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra Castro, explicó que hubo varias rondas de votación, aunque no especificó cuántas. En ellas, “una candidata” alcanzó a acercarse al número necesario de votos y el voto en blanco, dominante en las otras dos sesiones de la Sala, “se diluyó”.
Como se recordará, en la tensa jornada del 8 de febrero hubo dos rondas de debate y votación, de acuerdo con lo que dijo el presidente Chaverra, y el 25 de enero hubo tres. Este 22 de febrero se empezó a marcar una especie de tendencia desde la primera de las rondas, lo que Chaverra calificó como “un avance bastante importante”.
La idea de cada ronda es que se consignen los votos en cuatro intentos. Si en una primera ronda ninguna de las tres ternadas por el presidente Gustavo Petro obtiene los dieciséis votos, se hace una segunda con las dos que hayan conseguido más.
Si luego de la segunda las dos mayoritarias tampoco tienen dieciséis papeletas a su favor, la tercera se adelantará con cada candidata individualmente. Y así sucesivamente, hasta que se levante la Sala o hasta que la próxima fiscal se designe en propiedad.
Chaverra no reveló más detalles. Sin embargo, trascendió que la candidata a la que se refirió es la exfiscal y exjuez de instrucción Amelia Pérez Parra. A la jurista, que investigó en su momento el atentado de las Farc al club El Nogal, le faltaron pocos votos para lograr los dieciséis.
El reglamento de la Corte Suprema de Justicia indica que se requiere una mayoría calificada de dos tercios del total de magistrados y magistradas, que son veintitrés, por lo que la búsqueda de dieciséis apoyos totales ha retrasado hasta ahora una elección consolidada.
La próxima reunión del pleno de la Corporación será el 7 de marzo. El magistrado Chaverra expresó que se siente “optimista” frente a la posibilidad de que ese jueves se llegue a un “consenso”, luego del “proceso reflexivo” que ha llevado a cabo la Corte.
Mientras tanto, la exvicefiscal general Martha Janeth Mancera seguirá ocupando la jefatura del ente acusador como interina, pues el período de Francisco Roberto Barbosa Delgado culminó el 12 de febrero.
¿Cuánto tardará el proceso?
La historia de la Fiscalía demuestra que lo normal es que quien suceda al titular del ente acusador sea una persona encargada, no nombrada, como ordena la Constitución. Ese panorama significa, por un lado, que la Corte Suprema justo ahora está manejando bien el tiempo, pero, por otro, que la incertidumbre es válida.
Para el abogado Reynaldo Villalba, del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, las consecutivas interinidades han traído como resultado, de la mano del Consejo de Estado, la aclaración de que el período de un o una fiscal general es personal, no institucional. Es decir, cada administración comienza con la posesión de quien escoja la Corte.
Eso quiere decir, en este caso, que el período de la vicefiscal Martha Janeth Mancera, al quedar como fiscal general encargada, jurídicamente hablando, no es una continuación del de Francisco Barbosa. No obstante, “lo ideal para la institucionalidad, para la democracia y para la justicia es que nunca haya interinidad en el cargo de fiscal general de la nación”, dice Villalba.
Entonces, aunque en la práctica un o una vicefiscal general —que recibe el cargo, de hecho, de quien sea fiscal general— prolonga el direccionamiento de un o una fiscal general, en términos puramente técnicos no es así. Sobre todo, teniendo en cuenta que esa transitoriedad no va a durar cuatro años, sino que seguirá estrictamente hasta que la Corte Suprema escoja.
El problema, de todos modos, es que, como no hay mayor regulación en el proceso de selección, la deliberación de la Corte puede extenderse indefinidamente. Para el penalista y docente Santiago Trespalacios Carrasquilla, se trata de “una especie de limbo jurídico en el cual puede haber otra, otra y otra jornada de votación” si ninguna de las aspiraciones llega a los dieciséis votos.
“No existe en el ordenamiento jurídico colombiano ninguna norma que establezca una sanción o un plazo. Es decir, no hay ninguna consecuencia negativa para la Corte y sus magistrados por tardar en la elección”, explica uno de los cofundadores del Colegio de Abogados Penalistas.
*Con información de Colprensa.