La audiencia de legalización de los allanamientos y captura de Nicolás Petro Burgos, diputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, así como de su exesposa, Daysuris Vásquez, quienes enfrentan acusaciones por lavado de activos y, en el caso del político, por enriquecimiento ilícito, se lleva a cabo de manera semipresencial en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá.
Tanto el primogénito del mandatario de los colombianos como su expareja fueron conducidos a las instalaciones del ente acusador para comparecer ante un juez, quien decidió realizar esta diligencia de manera reservada, a pesar de la expectativa que existía en el país por conocer los detalles de la investigación y el material probatorio recolectado por la Fiscalía, que condujeron a la realización de las capturas.
Asegura que se enfrentan a un trato hostil
Antes de dar inicio formal a la mencionada audiencia, Juan Trujillo, uno de los abogados de Petro Burgos, reiteró su solicitud de cambiar el lugar donde su cliente afrontaría esta jornada, debido a lo que denunció como un ambiente hostil por parte de la Fiscalía hacia su defendido.
“Como usted lo leyó, radiqué memorial en el Centro de Servicios Judiciales con copia al Ministerio Público, solicitándole que las audiencias del día de hoy (domingo 30 de julio de 2023) se realicen en un lugar diferente a las instalaciones de la Fiscalía”, aseguró Trujillo.
De acuerdo con el abogado, la solicitud se realizó considerando que el sistema acusatorio funciona bajo el principio de igualdad de armas, siendo un “sistema de partes”. Llevar a cabo la audiencia en las instalaciones del ente investigador, la contraparte, en este caso, vulneraría por completo dicho principio. Además, mencionó una posible preferencia hacia Vásquez, insinuando la existencia de un preacuerdo en curso con ella.
“Su señoría podría eventualmente señalar que, así como los defensores de la señora Daysuris Vásquez están allá presentes, pues es muy respetable su decisión de estar allá y quizás están en una negociación con la Fiscalía, quizás van a aceptar cargos hoy”, expresó Trujillo.
“De nuestra parte, pues hemos recibido un tratamiento hostil por parte de la Fiscalía, no contamos con las garantías para hacer una diligencia allá. Y además se generaría un precedente terrible, señor juez, que ahora en adelante las audiencias se celebren en la Fiscalía General de la Nación”, dijo el jurista, en relación con las circunstancias en las que el hijo del presidente está enfrentando este juicio.
Señalan de ilegal la captura
Por otro lado, David Teleki, otro de los representantes legales de Petro Burgos, afirmó que considera que la detención del joven político fue ilegal, ya que no se cumplió con el debido proceso necesario para su ejecución, tal como lo establece el Código Penal Colombiano.
“Debieron hacer un análisis sopesado sobre si realmente existieron motivos, porque podrían haberlo citado en cualquier momento. Este es un proceso por un delito donde se deben hacer unas justificaciones y han debido llamarnos a interrogatorio previo para justificar”, contó Teleki a Noticias Caracol.
El abogado defensor cuestionó el traslado del hijo de Gustavo Petro a Bogotá para llevar a cabo este proceso judicial. “En Barranquilla también hay jueces, se hubiera podido hacer virtual”, advirtió, expresando su desconcierto por la decisión de llevar el caso a la capital del país y acusando a la Fiscalía de contribuir a la credibilidad de “falsos testimonios” con “intereses malévolos”.
“Aquí hay muchos intereses en juego. Y una persona diciendo mentiras y manipulando información”, resaltó Teleki, afirmando que tiene pruebas para demostrar la adquisición de bienes lujosos por parte del joven político, como una casa en el sector de Villa Campestre, Barranquilla, valorada en 1.600 millones de pesos.