¿Quién está detrás de la financiación del vandalismo en Cali durante el paro?

Los analistas políticos y los investigadores de las autoridades coinciden: las movilizaciones sociales pacíficas del Paro Nacional que ya completa más de un mes –iniciaron el 28 de abril de 2021– configuran un contexto social y político legítimo, que por otro lado ha sido aprovechado e infiltrado por organizaciones criminales que tendrían tanto intereses electorales como económicos del caos que tienen como objetivo generar.

Sin embargo, se debe aclarar que son procesos distintos: por un lado, la protesta pacífica como derecho democrático y producto del enorme descontento social del país, y, por otro, las bandas y grupos que intentan beneficiarse de ese escenario, como pescando en río revuelto.

En ese sentido, lo que está comprobado hasta el momento, asegura un investigador de la Policía que exige la reserva de su identidad, es que una de las explicaciones al vandalismo y la violencia a la que ha sido sometida Cali es la millonaria financiación que hay detrás para promover esos actos: quebrar los vidrios de los bancos, incendiar las estaciones del sistema de transporte masivo, atacar edificios públicos, saquear gasolineras con un nivel de organización que sorprende. Lo que todavía está por establecer con precisión es quién o quiénes, están detrás. Las pistas, como las hipótesis, son múltiples.

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Lo que se ha establecido hasta el momento es que hay incluso tarifas diferenciadas para promover el vandalismo en Cali en días de movilizaciones sociales. Se paga entre $50.000 y $70.000 para cometer actos vandálicos; $90.000 para incitar saqueos de establecimientos comerciales. El monto del pago depende del riesgo asumido. El abogado y defensor de Derechos Humanos Elmer Montaña fue testigo de ello en el centro de la ciudad.

— Sucedió en la Plaza de Cayzedo, el 28 de abril, cuando comenzaron las movilizaciones sociales del Paro Nacional. Había un tipo reunido con un grupo personas, a quienes les ofrecía $50.000 para que rompieran los vidrios de los bancos. Se hizo una filmación de la escena. Ese día fui testigo también de una especie de ‘operación relámpago’ de vandalismo, en puntos donde propiamente no había marchas. Eran pequeños grupos vandalizando fotomultas, semáforos, atracando a la gente. Ahora, ¿quién lo hizo?, es la pregunta que sigue sin resolverse.

El ministro de Defensa, Diego Molano, señala a células urbanas de la guerrilla del ELN y disidencias de las Farc como las responsables de promover estas acciones vandálicas en Cali, en especial dos grupos: uno llamado JM19 y otro denominado Movimiento Bolivariano.
Según el funcionario, estas organizaciones coordinan su actuación en redes sociales, bajo la orientación de un ‘líder’ que indica los puntos de las ciudades a atacar.

El pasado 28 de mayo, las autoridades informaron de las capturas de seis hombres y una mujer, a quienes acusan de ser integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’, un grupo disidente de las Farc. Según la Policía, formaban parte de la estructura urbana de milicias de la organización. Los acusan de estar vinculados con los actos vandálicos en Cali.

Entre las capturados está alias Richard, quien, dice el Gobierno, perteneció a la Columna Móvil Jacobo Arenas. Lo señalan de tener un centro de coordinaciones en Cristo Rey, desde donde financiaba y coordinaba actos de vandalismo sistemáticos tanto en Cali como en municipios cercanos.

Pero las disidencias de la guerrilla no son las únicas acusadas de promover el vandalismo. Las autoridades tienen en la mira a mafias del narcotráfico.

¿Cuál sería el objetivo de estos grupos guerrilleros y narcotraficantes en este contexto político y social de Colombia? Son varias las hipótesis.
Por el lado de los grupos guerrilleros, todo obedecería a un viejo propósito: la proclama de la lucha urbana. Llevar a las ciudades lo que padeció el campo en los días más álgidos del conflicto armado, para desestabilizar al Gobierno.

Sin embargo, en el caso del narcotráfico, un ilícito del que también se lucra la guerrilla, el asunto es más complejo. Una de las teorías para explicar su presunto interés en promover el caos en las ciudades tendría que ver con la producción y el transporte de la cocaína: les conviene que la Fuerza Pública esté concentrada en los centros urbanos, las carreteras principales, como sucede en la actualidad para atender los focos de violencia, y de esta manera lograr que las rutas para sacar la droga, sobre todo en el Pacífico y en zonas de frontera, permanezcan despejadas de militares o, por lo menos, con mucho menos vigilancia.

A nivel local, de otro lado, hay oficinas de cobro sicariales relacionadas con el microtráfico de drogas, el menudeo, a las que también les beneficia lo que sucede en algunos barrios de Cali, a los que no es posible acceder por los bloqueos, un escenario que favorece el control territorial que ejercen estos grupos delincuenciales en esas zonas.

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Un investigador social que pidió no ser citado y quien estudia el proceso de protesta de Puerto Rellena (los protestantes lo llaman Puerto Resistencia), al oriente de la ciudad, denunció que los muchachos de la primera línea en ese punto fueron amenazados por las oficinas de cobro que operan en el sector, después de que se estableciera un diálogo con la Alcaldía de Cali para levantar el bloqueo.

— La situación en Puerto Resistencia es muy compleja y las autoridades deben ponerle atención. Puerto Rellena, para entenderlo, es la línea divisoria entre dos oficinas de cobro del sicariato al oriente de Cali. Son ellos los que ponían las reglas. Con la llegada de los muchachos de la primera línea que protestan en el Paro Nacional, jóvenes de diversas organizaciones sociales del Distrito que conformaron lo que se conoce como Puerto Resistencia, los líderes de estas oficinas de cobro quisieron hacer lo mismo, imponer sus reglas en el punto, y no los dejaron. Los de la primera línea sostienen que han cuidado el punto de infiltraciones de estos grupos delincuenciales, que les han ofrecido desde plata hasta drogas. Los jóvenes afirman que se mantuvieron firmes para no permitir su ingreso, y dicen que ahora los quieren doblegar a las malas, amenazándolos. Les advirtieron que si levantaban el bloqueo, como lo pretenden después del diálogo con la Alcaldía, estarían en riesgo. A las oficinas de cobro les conviene que se mantenga el bloqueo en este sector porque así no entra ni la Policía, ni los servicios del Estado, y de esta manera pueden afianzar su control territorial y su actividad delincuencial. Los muchachos de primera línea, que se las cogen todas en el aire, saben de esos intereses y su propósito es levantar ese bloqueo lo más pronto posible, pero se requiere que los organismos defensores de Derechos Humanos los acompañen –dice el investigador.

El aumento de los homicidios en Cali durante mayo de 2021, cuando se registraron 163 asesinatos, una cifra 46 % superior al mismo mes del año anterior, se explica en parte por la consolidación de estructuras del microtráfico, sicariato y extorsión, en zonas donde la Policía no hace presencia para disuadir el delito.

En el caso de los bloqueos en la vía al mar, la dinámica, en cambio, es distinta. Organizaciones narcotraficantes de Buenaventura amenazaron a los muchachos de primera línea que permanecen allí, para que levanten las barricadas.

Alberto Sánchez, analista en asuntos de seguridad ciudadana, comenta al respecto que es evidente que hay un sector del narcotráfico al que no le conviene que Cali sea una ciudad cuya economía esté paralizada por los bloqueos internos.

—Cali es una ciudad que el narcotráfico no necesita para operar, en términos de producción de cocaína. En Cali no se procesa la droga. Pero sí es una plataforma de relacionamiento y lavado de activos. Y para lavar plata, a los narcos que mueven toneladas de droga no les interesa una ciudad paralizada. El contrabando juega un papel muy importante en ese ilícito. Una forma de lavado de activos es cambiar cargamentos de cocaína por mercancía de contrabando, para después venderla. Y con la vía al mar bloqueada eso es un gran problema para ciertos tipos de capos.

Para Alberto Sánchez, entonces, en las investigaciones sobre los responsables de la financiación del vandalismo habría que mirar hacia actores que por lo general no están en el radar de las autoridades. En el caso del ataque sistemático y planeado a las estaciones del Sistema de Transporte Masivo, MÍO, advierte, habría que preguntarse por quienes les interesa una afectación del sistema: el transporte ilegal.

—Colapsar el sistema público de transporte genera que se aumente la oferta del transporte ilegal. Y vamos a ser honestos: en materia de orden público, el transporte ilegal de Cali sigue creciendo y no es prioridad de las autoridades perseguirlo. ¿Hace cuánto que no se escucha una captura por este ilícito? Es un problema desatendido.

De otro lado, agrega Alberto Sánchez, para explicar el vandalismo organizado se deben tener en cuenta las estructuras criminales dedicadas a la extorsión y al microtráfico, que han tenido unos conflictos locales con la policía. Los ataques puntales a algunos CAI, a los que les dispararon incluso con fusil, podría responder a ello.

— Y hay otro fenómeno que se debe investigar: hay puntos de resistencia política, como sucede con Puerto Resistencia, pero también hay otros puntos que fueron reivindicados como de resistencia, pero que en realidad fueron montados por organizaciones extorsivas para cobrar peajes en los bloqueos, como sucede en algunos tramos del Puente de los Mil Días. Habría que investigar en los puntos de resistencia quienes están del lado de la protesta pacífica y social legítima, producto del descontento social en el país, y quienes son criminales que aprovecharon la protesta para lucrarse.

Álvaro Pretel, analista en temas seguridad, agrega que en el caso a los ataques al MÍO, además de esa hipótesis de los transportadores ilegales que podrían estar detrás, también hay explicaciones sociológicas. El MÍO, dice Álvaro, representa para la ciudadanía un gran descontento, porque aún sigue siendo un sistema ineficiente. Además, es la primera cara que representa al Estado en las calles, y eso lo convierte en un punto donde los inconformes descargan su rabia contra el Gobierno. Lo que no cabe duda es que también hubo ataques organizados, planeados, en algunas estaciones, como la de Universidades, que fue incendiada.
El abogado y defensor de Derechos Humanos, Elmer Montaña, aún se pregunta a propósito por qué en Cali hubo jornadas de protesta como la del 28 de abril en las que la Fuerza Pública no protegió puntos estratégicos como las estaciones del MÍO.

—De lo que fui testigo ese 28 de abril, y días posteriores, es que los vándalos eran, si acaso, grupitos de 20 ‘gatos’ vandalizando la ciudad. No era una turba. ¿Por qué la Policía no actuó? ¿Por qué no hicieron presencia en las estaciones del MÍO? La sola presencia de las autoridades, del Ejército, disuade este tipo de acciones. ¿Por qué no se protegieron esos puntos estratégicos, quién dio la orden? Eso también se debe investigar. Lo que he planteado es que a Cali fuerzas oscuras la usaron como laboratorio del resto del país. Pareciera que el libreto era dejar que pasaran estos actos vandálicos para desprestigiar la protesta social pacífica y legítima. Eso con miras a las elecciones de 2022. Pero les salió mal el libreto porque volvieron nada la ciudad y la protesta ha seguido tanto en Cali como a nivel nacional.

En las investigaciones del por qué de la violencia y el vandalismo hay otras hipótesis que le apuntan a pandillas y bandas dedicadas a los hurtos a los que nadie les paga, sino que se lucran de esa actividad. Es un ‘modos operandi’ evidenciado en sectores como Siloé. Allí las pandillas aprovecharon los enfrentamientos entre jóvenes de la primera línea de los puntos de resistencia y la Fuerza Pública, para saquear el comercio.
Por otro lado, las autoridades, aunque aún no se atreven a revelar los nombres, aseguran que tienen información de inteligencia sobre la participación y promoción de actos de vandalismo por parte de movimientos de oposición a los actuales alcaldes, en municipios como Jamundí y Palmira.

Tampoco se descartan las teorías que señalan que en todo este caos participan desde ideologías de extrema izquierda, que pretenderían desestabilizar al Gobierno actual de cara a las presidenciales de 2022, como las teorías que señalan en cambio a la extrema derecha, que pretendería generar la sensación, de nuevo, de que Colombia necesita un Gobierno de mano dura.

Lo cierto es que, como lo plantea un analista político que pidió no ser citado, son diversos los actores que están en juego pescando en río revuelto en el contexto del Paro Nacional con miras a las próximas elecciones presidenciales, que se definirán sobre las cenizas y el humo de lo que ocurre hoy en Colombia.

El presidente Iván Duque anunció el pago de recompensas para quien entregue información sobre los responsables de los actos vandálicos en el país, tanto quienes los ejecutan como quienes los financian.

“Haremos pagos de recompensas para llegar al paradero de quienes han estado detrás de la violencia en el marco de las manifestaciones pacíficas y los bloqueos que vienen afectando los derechos colectivos. La protesta pacífica es una forma de expresión legítima en la democracia, pero se debe diferenciar del vandalismo y de los bloqueos”, dijo el Presidente.
“Este es un Gobierno dispuesto al diálogo, a concertar, a construir, pero nunca con las vías de hecho por medio, porque eso deja de ser la construcción de acuerdos para convertirse en un chantaje o una extorsión a todos los derechos de los colombianos”, agregó.

La estrategia de lucha contra el vandalismo por parte del Gobierno Nacional incluye una línea de denuncia, la conformación de un Grupo Especial de Investigación, además del plan de recompensas por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de estos actos de violencia.

“El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico, como lo denunció el Fiscal General de la Nación. Para enfrentarlas, hemos diseñado una estrategia conjunta contra el vandalismo a nivel nacional, que ya está dando resultados”, reiteró el Mandatario.

Quien tenga información o denuncias sobre actos vandálicos lo puede denunciar a nivel nacional en el celular 323 2729668.

Habitantes del barrio Petecuy, al oriente de Cali, denunciaron que durante los últimos días la situación en la zona es muy tensa, debido a los enfrentamientos entre pandillas que habrían adquirido nuevo armamento.

“Llevamos una semana con enfrentamientos todas las noches. Las pandillas se están lanzando gases lacrimógenos y se disparan los fusiles. En el barrio el rumor es que los pelados de estas pandillas, en medio de los destrozos que habrían causado por vandalismo, robaron varios cajeros electrónicos. Y el dinero lo estarían usando para rearmarse. La situación es muy difícil”, dijo un residente del barrio, que pidió no ser citado con su nombre.

“En el territorio hay gente nueva, personas que no son de acá. Sabemos que les están pagando para infiltrarse en los bloqueos y radicalizarlos, así como para cometer saqueos. En Petecuy, por ejemplo, había un D1. Durante los primeros 20 días de las movilizaciones sociales y el Paro, entre todos los vecinos lo cuidamos. Nunca pasó nada. Hasta que de repente, en una noche, llegó gente extraña a bloquear la Avenida Ciudad de Cali, y en la madrugada saquearon el supermercado. Ese tipo de situaciones responden a eso: están pagando para ir a saquear un almacén o bloquear una vía durante un tiempo, algunas horas, y generar la sensación de desorden y caos en la ciudad”, agregó.

En Petecuy, de otro lado, comenzó a circular un panfleto de una organización que se hace llamar La Z, en el que amenaza con iniciar una “limpieza social”. “Estamos dispuestos a asesinar a todo aquel que colabore con alias la chinga Harry”, se lee.

La Policía asegura que los enfrentamientos obedecen a un control territorial que pretenden consolidar distintas bandas en el bloqueo del Puente de Comercio, que, dicen las autoridades, se ha convertido en un punto de expendio de microtráfico de drogas.