El senador Iván Cepeda y cinco personas que se han constituido como víctimas en el proceso contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, denunciaron amenazas y hostigamientos ante la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa fue acompañada por el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y los abogados Miguel Ángel del Río, Ramiro Bejarano Guzmán y Reinaldo Villalba. En ella se expone que han recibido amenazas, y han sido objeto de persecución desde que están vinculados al caso.
Sobre Cepeda, denunciaron que después del 3 de agosto, momento en que Uribe Vélez fue privado de la libertad en su lugar de residencia, ha sido víctima de hostigamientos, injuria, calumnia y amenazas, hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía General para que sean investigados.
Las denuncias fueron interpuestas el 18 de agosto y el 18 y 20 de noviembre de 2020.
El congresista del Polo Democrático también denunció que ha sido perseguido judicialmente por personas del entorno de Uribe Vélez, militantes y simpatizantes del Centro Democrático y, en general, del uribismo, quienes con posterioridad a la decisión del 3 de agosto han interpuesto en su contra cinco denuncias penales infundadas, ante la Corte Suprema.
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En cuanto a Perdomo y Montealegre, el documento expone que una vez se anunció en un medio de comunicación la intención de los dos exfuncionarios del búnker, de interponer una denuncia en contra de Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, congresistas del Centro Democrático replicaron y realizaron diversos pronunciamientos injuriosos y calumniosos en evidente represalia.
Por esta razón, se presentó denuncia ante la Corte Suprema por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto contra los congresistas Álvaro Hernán Prada, Margarita María Restrepo, Gabriel Jaime Velasco, María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Paola Holguín, Carlos Felipe Mejía y Ernesto Macías.
En relación al abogado Bejarano, quien funge como defensor de Cepeda, denunció hostigamientos en redes sociales, luego de que el 7 de octubre pasado, el periodista Gonzalo Guillen reveló que el exsenador Uribe habría pretendido desviar la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, con el propósito de ayudar a su hermano Santiago, investigado por la Fiscalía General, por conformación de grupos paramilitares.
Asimismo, reseñó que la Fiscalía, el 2 de noviembre declararía que los autores de este crimen habrían sido el expresidente de la República, Ernesto Samper, el exministro del Interior, Horacio Serpa y el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), durante ese gobierno, Ramiro Bejarano.
Por estos hechos el penalista interpuso denuncia en contra del presidente de la República, Iván Duque y el fiscal general, Francisco Barbosa, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y en contra del exsenador Uribe y su abogado Diego Cadena, ante la Fiscalía General.
Por otro lado, la denuncia también expone persecuciones en contra de Juan Guillermo Monsalve quien se ha convertido en el testigo clave en la investigación contra Uribe Vélez, debido a que ha declarado antes diversas autoridades judiciales que los hermanos Uribe Vélez participaron en la conformación del Bloque Metro.
En este caso, el proceso judicial de Uribe Vélez tiene su génesis en las presiones que habría recibido el testigo por parte del abogado Diego Cadena, entonces defensor del expresidente, quien supuestamente ofreció favores judiciales y cuantiosas sumas de dinero a cambio de que este cambiara su versión.
No obstante, Monsalve se ha mantenido en su posición, pero, lo que ha trascendido en los últimos días es la solicitud que hizo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sobre trasladar al testigo de una casa fiscal a un pabellón de seguridad en la cárcel Picota de Bogotá.
“Cabe recordar que el testigo Juan Guillermo Monsalve ha sido víctima de dos atentados contra su vida, ocurridos con posterioridad a que se conocieran sus declaraciones en contra de los hermanos Uribe Vélez: el 24 de marzo de 2012, en la cárcel de Cómbita y el 26 de febrero de 2013, en la cárcel la Picota”, reposa en el documento elevado al alto tribunal.
En cuanto a lo relacionado con el abogado Miguel Ángel del Río, quien defiende los intereses de Deyanira Gómez, expareja de Monsalve, el documento expuso que la mujer tuvo que salir del país, por cuenta de hostigamientos y persecución laboral en su contra, una vez conoció de la investigación contra Uribe.
“Se encuentra acreditado que fue víctima de hostigamientos, vigilancia y ataques con posterioridad a estos hechos, lo que la obligó a solicitar asilo que le fue concedido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Durante las últimas semanas, Álvaro Uribe ha agudizado sus ataques en contra de Deyanira Gómez acusándola de pertenecer a la extinta guerrilla de las Farc”, reposa en el documento.
Por todas estas razones, los abogados y el senador solicitó a la Corte Suprema que “se niegue el traslado del testigo Monsalve, solicitado por el director del Inpec, se oficie a la Fiscalía General para que informe el estado actual de las investigaciones que adelanta con ocasión de la compulsa de copias ordenada por el alto tribunal en auto de 16 de febrero de 2018, en la instrucción 38.451 y en auto de 3 de agosto de 2020, en la instrucción 52.240”.
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