Tras conocerse el decreto 1079 de 2024, el cual reglamenta el Servicio Social para la Paz como una alternativa al servicio militar obligatorio, muchas preguntas surgieron desde varios sectores, ya que esta es una opción nueva que les brindará la oportunidad a los jóvenes de aportar a la construcción de paz, sin embargo, podría tener impactos en el funcionamiento de la Fuerza Pública.
De acuerdo con el documento, bajo esta modalidad también se prestarán labores por doce meses, pasado este tiempo y tras cumplir con los requisitos los jóvenes podrán obtener un documento que es “equivalente a la libreta militar con el cual el Ministerio de Defensa Nacional certifica que el joven definió su situación militar mediante la prestación del Servicio Social para la Paz, de conformidad con la información suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública”, se explicó en el capítulo 7 del decreto.
Para Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, ofrecer opciones diferentes al servicio militar obligatorio puede proporcionar a los colombianos en territorios vulnerables opciones de desarrollo que van más allá del ámbito institucional, como la educación y el trabajo comunitario.
“Estas alternativas podrían contribuir a mejorar la cohesión social, reducir la violencia y fomentar la inclusión en áreas carentes de oportunidades”, indicó el experto.
Cabe mencionar que el servicio social se podrá realizar en once diferentes modalidades, que incluyen el trabajo con comunidades vulnerables, protección del medio ambiente, cuidado de los patrimonios del país, aplicación de los acuerdos de paz, entre otras, lo que, según Héctor Herrera, asesor y experto en seguridad, es muy positivo para el país.
“Existen muchas entidades donde se pueden enviar a los jóvenes para que presten su labor social, pero sería importante no olvidar la cátedra militar para que ellos tengan disciplina”, aseguró Herrera, quien añadió que el servicio militar debe ser prestado por quienes tengan vocación y no por obligación.
No todo son buenas noticias
Sin embargo, Felipe Fernández detalló que “la falta de acceso a oportunidades adecuadas dentro de estas alternativas podría limitar los beneficios que algunos jóvenes podrían obtener de la iniciativa, perpetuando así ciertas vulnerabilidades estructurales”.
Además, el consultor en seguridad y paz destacó que si un número significativo de jóvenes en Colombia opta por esta opción, los Batallones de Entrenamiento podrían enfrentar dificultades para formar al personal necesario, ya que no habría suficientes reclutas disponibles.
Por ello, se debería tener en cuenta la cantidad de jóvenes que podrán optar por el servicio social para la paz y quienes deberán hacer parte de las Fuerzas Militares.
Sobre el tema, en el decreto se detalló que “los cupos habilitados anualmente para la implementación del Servicio Social para la Paz serán establecidos en el Comité Técnico de acuerdo con el Plan Anual de Incorporación presentado por el Ministerio de Defensa Nacional, el Marco Fiscal de Mediano Plazo autorizado y atendiendo a los principios de gradualidad y progresividad de que trata el parágrafo transitorio del artículo 11 de la Ley 2272 de 2022″.
Por su parte Herrera destacó que la implementación del servicio social tiene más ventajas que desventajas, ya que evitará la exposición de los jóvenes en zonas de guerra, pero quienes tienen vocación podrán seguir ingresando a las instituciones de la Fuerza Pública. “Se necesita apoyo para que los que quieran entren a prestar el servicio militar con ayuda económica, como se ha hecho desde la Gobernación del Valle con los auxiliares de Policía”.
Por otro lado, aunque no se puede medir actualmente el impacto de esta estrategia, Felipe Fernández señaló que es posible que las funciones de vigilancia que realizan por los soldados a través del servicio militar obligatorio deban que ser asumidas por otros miembros de la Fuerza.
“Este cambio no solo incrementaría los costos para el sector, sino que también resultaría en un uso ineficiente del recurso humano”, concluyó Fernández.