En celdas reducidas, con mosquitos, olores desagradables, poca ventilación, y durmiendo en colchonetas, hamacas y en cualquier rincón donde puedan descansar, es como pasan sus días cientos de detenidos en los Centros de Detención Transitoria de Cali, que se encuentran en un nivel de hacinamiento del 274 %.

En atención a esta problemática la Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre las principales problemáticas que afrontan las personas privadas de la libertad en los Centros de Detención Transitoria de todo el país, es decir, las estaciones de Policía. Además, pidió solucionar de manera urgente la crisis humanitaria por el hacinamiento que a nivel nacional se encuentra en un 194 %, debido a las 20.951 personas que se encuentran en estos lugares.

“Estas cifras de hacinamiento se traducen en espacios inadecuados para dormir y para consumir alimentos. También facilita la propagación de enfermedades debido a la falta de ventilación y aumenta el estrés entre la población privada de la libertad, lo que se traduce en constantes riñas e intentos de amotinamiento, una de las razones por las que insistimos en la urgencia de la reforma integral al sistema penitenciario y carcelario”, aseguró Carlos Camargo, defensor nacional del pueblo, en medio de una visita a Cali.

El organismo resaltó que en agosto de 2021 los centros transitorios tenían 19.471 personas privadas de la libertad en todo el país, pero su capacidad máxima es para solo 6727 personas, es decir, ya había un hacinamiento del 189%. Pero las cosas se complicaron más y en marzo de este año los detenidos en estos lugares ascendieron a 20.951 personas, pero el mes anterior solo se contaba con una capacidad para atender a 7131 personas, lo que lleva a que se presente un hacinamiento del 194%.

De acuerdo con el balance realizado por la Defensoría, las nueve ciudades con mayor porcentaje de hacinamiento de sus Centros de Detención Transitoria son: Bucaramanga, con 835.6 %; Santa Marta, que presenta 590 %; Bogotá registra 553.4 %; Cúcuta, con 491.4 % y Riohacha, ciudad que muestra el 333.7 % de hacinamiento.

Adicionalmente, en el informe de la Defensoría también aparecen ciudades como Medellín, con 293.3 % de hacinamiento; Cali, con 274.3 %; Valledupar, que presenta 268 % y Maicao que registra el 208 %.
Según Camargo, en el caso de Cali se encontró una población de 1924 personas privadas de la libertad en Centros de Reclusión Transitoria, sin embargo estos lugares solo cuentan con una capacidad para 514 personas, lo que se refleja en un hacinamiento del 274 %.

En Cali, los Centros de Detención Transitoria que más preocupan a la Defensoría del Pueblo son los ubicados en El Lido, Desepaz y San Nicolás.

“El problema que estamos viviendo acá es el hacinamiento. Lo que se le dijo a la Defensoría del Pueblo es que nos colaborara con ese tema que nos esta afectando, estamos apiñados en las celdas unos a otros, en algunas solo tenemos un baño, el alimento en ocasiones llegaba en mal estado. Esto es realmente difícil”, le contó a El País uno de los privados de la libertad que se encuentra en el Centro de Detención Transitoria en San Nicolás.

Ante la crisis por el hacinamiento que se presenta en cárceles y estaciones de Policía, la Defensoría del Pueblo insiste en una reforma urgente al sistema carcelario y penitenciario.

Este hombre, que lleva 16 meses recluido, hizo un llamado al Gobierno para que les brinden más acompañamiento y se puedan gestionar soluciones para cumplir sus condenas de manera digna: “También pedimos que nos colaboren con visitas de familiares porque estos espacios son muy importantes para nosotros y actualmente son muy pocas las jornadas que nos dan para esto”.

El Defensor del Pueblo aseguró que lo que se vive en este lugar son situaciones que vulneran totalmente los derechos de los reclusos, pues “estas personas al tener un solo baño, han tenido que utilizar bolsas de plástico y botellas para hacer sus necesidades fisiológicas”, puntualizó Camargo.

El personero de Cali, Juan Carlos Rojas, afirmó que “otras de las estaciones de Policía que preocupan también son la de Los Mangos y El Diamante, lugares que presentan hasta un 3000 % de hacinamiento. Por esto, estamos trabajando en acciones preventivas y haciendo llamados a la administración municipal para que tomen cartas en el asunto y ejerzan la gestiones y las obligaciones que ellos tienen”.

Ante esto, la Defensoría hizo un llamado urgente a que todas las entidades públicas relacionadas con el sistema penitenciario y carcelario tomen las medidas necesarias de manera oportuna para obligar a que los centros de detención cumplan con su estricta destinación legal y dejen de ser usados como establecimientos de reclusión permanente.

“Las personas privadas de la libertad que se encuentran recluidas en estos lugares están sometidas a graves vulneraciones a sus derechos que impiden cualquier asomo de resocialización y generan amenazas a la vida e integridad, tanto de los privados de la libertad como de la Fuerza Pública que se ve obligada a asumir una tarea que se aleja de su misión constitucional”, enfatizó el Defensor del Pueblo.

El Secretario de Seguridad, Carlos Soler, indicó que se está trabajando sobre planteamientos para una ruta rápida que sirva como solución, tanto al problema del hacinamiento en estaciones de detención transitoria, como a la sobrecarga de la capacidad de la Policía Nacional para actuar frente a otras situaciones de orden público, ya que muchos uniformados han tenido que dejar sus labores diarias para quedarse custodiando a los detenidos.

Esta problemática de hacinamiento no es ajena a la situación en los centros carcelarios y penitenciarios que se agudizó por la emergencia sanitaria presentada por el covid-19. Antes del cierre decretado por la pandemia, el hacinamiento en estos centros que administra el Inpec era de 51.49 %, lo que representa una sobrepoblación de 41.670 personas privadas de la libertad. Al 30 de marzo de 2022, la cifra de hacinamiento alcanzó un 20 %.