La situación para las personas privadas de la libertad (PPL) en Cali es cada vez más crítica. En la ciudad hay 20 Centros de Reclusión Transitoria: 19 Estaciones de Policía y un Centro de Aislamiento Transitorio, con capacidad para unas 270 personas, pero a la fecha hay 2087 privados de la libertad, con un hacinamiento del 774%, informó la Personería Distrital.
Lo más grave, dice el Ministerio Público, es que en las visitas realizadas a cada uno de estos centros, encontró que “todas las PPL presentan un proceso infeccioso viral, problemas respiratorios y gastrointestinales, causados por las condiciones de insalubridad propiciadas por el hacinamiento”.
Uno de los centros con mayor hacinamiento es la Estación de San Francisco (1583%), donde detectaron 23 casos de tuberculosis (TBC), 9 de sífilis y uno de VIH/sida, seguida de Terrón Colorado (1400%) con 3 casos de esquizofrenia y La Rivera (1150%), con cinco casos de tuberculosis, 11 de sífilis y una persona con marcapasos.
Esta situación llevó al personero, Gerardo Mendoza, a interponer una acción de tutela contra el Inpec, el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Secretaría de Salud y la Policía Metropolitana de Cali, para proteger los derechos fundamentales de los PPL, la cual fue fallada a su favor el pasado 16 de julio por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito.
“La tutela se interpuso por el escalofriante hacinamiento que hay en las Estaciones de Policía de Cali y por las graves patologías que viven las personas privadas de la libertad que tienen varicela, sífilis, VIH y tuberculosis. En las visitas que hicimos encontramos que el hacinamiento es del 774%”, dijo Mendoza.
Además, le da la orden al Inpec y demás autoridades que reubiquen a todo el personal con más de 36 horas de reclusión en estos centros transitorios. “Es decir, amplía la decisión para todos en el entendido de que el hacinamiento no puede seguir en Cali”, indicó el Personero.
El pasado martes, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cali confirmó el fallo de tutela.
Sin embargo, durante la mesa de trabajo realizada el pasado 15 de agosto, para hacer seguimiento a la acción de tutela, en la que participaron la Secretaría de Seguridad y Justicia, por medio de sus delegados, la Secretaría de Salud, el Inpec, Uspec y la Policía Nacional, los resultados no fueron muy alentadores: A la fecha han sido trasladadas tres PPL, dos a la cárcel de Jamundí y otro a Villahermosa. Está pendiente el traslado de otros cuatro condenados en lugares distintos a los antes mencionados, al igual que los otros 22 que cobija la tutela.
Por eso, Mendoza aseguró: “Si hay que llegar a las vías de desacato lo voy a hacer. Voy a reunirme directamente con el Alcalde, porque esto requiere una decisión de fondo y no una decisión que se dilate en el tiempo. No quiero llegar a los términos de un incidente de desacato que trae consigo arresto y multa”.
¿Responsables?
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, precisó que “los Centros Transitorios son competencia de la Alcaldía por ley, entonces quienes deben manejar a los detenidos son las Alcaldías, es una ley y es obligatoria”.
Reconoció el fallo de tutela, pero dijo que son unas personas sindicadas, no condenadas. “El problema es que estas personas están enfermas, entonces ellos tienen que remitir la historia clínica y la patología porque si se trasladan de esa manera puede haber una epidemia o una endemia en el centro carcelario”.
“Tenemos varios cupos para entregar, pero esto debe articularse con la Fiscalía y los jueces porque si los presos se demoran un año y dos meses para resolver su situación, pues se siguen llenando los centros transitorios”, puntualizó.
“Ya se establecieron las cláusulas del convenio con el Inpec y una vez se supere la etapa de armonización de los planes de desarrollo, el convenio será firmado y nos permitirá tener disponibilidad de algunos cupos”, aseguró.
Dijo también que adelantan gestiones interinstitucionales para la ubicación de predios y contar con nuevos espacios. Para ello, se han reunido con la SAE, la Gobernación y municipios vecinos, para definir alternativas para la adecuación del centro transitorio.
Igualmente, están realizando adecuaciones y obras de mejoramiento en las Estaciones de Policía.
En cuanto al fallo de tutela, sostuvo que como se trata de personas que tienen unas patologías, el Inpec está haciendo los trámites para su traslado, como la revisión de historias clínicas para determinar si se requiere aislamiento mientras superan la enfermedad. No obstante, afirmó q ue desde la Secretaría de Seguridad vienen haciendo acompañamiento para que ese traslado se dé lo más pronto posible.
Por su parte, el Inpec señaló que hasta agosto se han recibido 1224 personas privadas de la libertad condenadas que estaban en Estaciones de Policía.
Según informó, esta semana la Policía presentó 75 nuevos condenados para fijación, los cuales se recibirán la próxima semana.
En cuanto al cumplimiento de la acción de tutela presentada por el Personero de Cali, que ordenó la reubicación de 27 PPL, a la fecha se han recepcionado 7 y se está a la espera de las historias clínicas de los 20 restantes para la revisión y posterior traslado a establecimiento carcelario.
El concejal Rodrigo Salazar, consideró que tanto el Inpec como la Alcaldía se han quedado cortos frente a sus compromisos institucionales de darle respuestas efectivas a la grave crisis carcelaria que padece la ciudad.
En esa misma línea, el presidente de esta corporación, Carlos Andrés Arias, calificó como muy compleja la situación, sin embargo, resaltó que la Alcaldía ha venido mejorando la infraestructura de algunos transitorios.
“¿Qué necesitamos? Que se construya ese centro de manera definitiva para poder albergar a los privados de la libertad”, pero advirtió que “el fallo de tutela, en este momento, es casi de imposible cumplimiento porque no hay un sitio donde llevarlos”.