El pasado martes, trabajadores de la rama judicial se manifestaron a las afueras del Palacio de Justicia de Cali y reclamaron seguridad policial en el edificio, pues según ellos están a la deriva. Sin embargo, este es solo uno de los problemas que afecta a esta rama y que desencadena en el retraso del sistema judicial en Cali.

“El Palacio de Justicia se ha quedado sin seguridad policial. Vemos las garitas abandonadas. Hacemos un llamado a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Consejo Superior para que nos den una respuesta”, afirmó un manifestante.

Luego de esta petición, el comandante de la Policía de Cali, coronel José Daniel Gualdrón, aseguró que no se había retirado el 100% de servicios de seguridad, sino que se dejaron en un 50%. Ayer, El País visitó las instalaciones del Palacio de Justicia y verificó que actualmente solo se encuentran dos patrulleros en el lugar.

Una de las fuentes, la cual pidió guardar su identidad, afirmó: “El convenio de seguridad entre la Rama Judicial y la Policía terminó hace un mes y no se ha renovado, por eso hay una reducción del 90% de los servicios de seguridad policial, solo hay dos patrulleros que dan ronda en las inmediaciones del edificio”.

Hermens Darío Lara, magistrado de la Sala Penal Tribunal Superior de Bogotá, afirmó que este problema es de orden nacional, pero que se debe al manejo de los presupuestos del sistema judicial ya que “es algo generalizado en Colombia y los jueces penales que trabajamos en temas de alta delincuencia tenemos un déficit de seguridad mayúsculo y los dineros se van para cuidar a los magistrados de las cortes”.

A esto se le suman las denuncias de condiciones poco dignas de trabajo. El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial Cali (Asonal), José Freddy Restrepo, denunció que “cuando se dio el atentado del 31 de agosto de 2008 contra el Palacio de Justicia, le consiguieron al personal lugares poco dignos para trabajar. Llevaron a personas a apartamentos y encontramos oficinas en las cuales trabajaban en un baño, esa situación aparentemente se solucionó y regresaron al Palacio, pero luego encontramos algunos espacios sin aire acondicionado, ausencia de medidas contra el ruido al interior del recinto y como está ubicado en el centro de la ciudad, donde hay bastante circulación de vehículos, las audiencias no se pueden celebrar con tranquilidad”.

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Además, Restrepo afirmó que “las condiciones dignas de trabajo también tienen que ver con el número de casos que puede atender una persona, ya que actualmente se presenta una sobrecarga laboral. La Ocde establece que debe haber 65 jueces por cada 100.000 habitantes, pero Colombia solo tiene 10.8, es decir, la sexta parte. Como si fuera poco, Cali tiene muchos menos, el número de funcionarios es de 8.1 por cada 100.000 habitantes”.

Este déficit de jueces, se suma al de magistrados y fiscales pues, según Restrepo, actualmente la ciudad cuenta con 12 magistrados, mientras que en Medellín hay 18. Respecto a los fiscales, Cali tiene solo 70 y la capital de Antioquia 200”.

Por su parte, Hermens Lara, denunció: “No hay política de personal, no hay bienestar social para los funcionarios, existe la oficina y unos cuantos programas, pero realmente bienestar no hay, eso se evidenció durante la pandemia cuando las dificultades de carácter laboral en los hogares fueron omitidos. Un gran problema de la rama judicial es la salud de los trabajadores, enfermedades de carácter psicológico y hasta psiquiátrico, uno termina con complicaciones porque el trabajo es exigente, complejo, difícil y si se quiere hacer se debe sacrificar la salud y la familia”.

Otro problema que aflige a la rama judicial corresponde a la capacidad de su plataforma digital, con la que trabajan los jueces, pues no tiene como sostener la alta demanda de procesos. “Cuando las personas van al Palacio de justicia encuentran que todo se colapsa ya que la plataforma no aguanta que todos estén ingresando a la misma hora y esto, con solo la mitad del personal funcionando, bloquea el sistema” denunció José Restrepo.

Este conjunto de problemas deja como saldo que en Cali el sistema judicial se encuentre atrasado, según Nelson Roa, abogado judicial, esta problemática se agudizó tras la virtualidad que se dio por el Covid 19, pues “si veníamos con un atraso judicial de 7 u 8 años, ahora, es de 12 años aproximadamente. Es decir, necesitaríamos no ingresar a ningún proceso judicial y tomarnos entre 10 a 12 años para quedar al día en todos los procesos”.