La defensa de Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Ungrd, advirtió que el proceso que se le sigue a su cliente, quien fue recluido en el Cantón Militar de Artillería, en el norte de Bogotá, podría tener inconsistencias.
Así lo asegura el portal Infobae, que agrega que la razón para ello es que los actuales directivos de la entidad no encontraron una información importante para el proceso que se le sigue a Pinilla, así como a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, luego de conocerse el entramado de corrupción que ambos habrían liderado en en la entidad encargada de atender las emergencias en el país.
Y citando a El Espectador, se indica que desde marzo pasado la defensa del exsubdirector de la Ungrd viene recurriendo a las vías legales para obtener esa información, sin que la entidad a cargo ahora de Carlos Carrillo les haya permitido acceder a ella, lo que implicaría un obstáculo a la investigación.
Pero además consideran que con esa acción se le estarían vulnerando a Sneyder Pinilla los derechos a la justicia, al derecho de petición, al debido proceso y a la defensa.
De acuerdo con el portal Infobae, la tutela resalta que entre el 14 y el 19 de marzo pasados, un grupo de investigadores contratados por el exfuncionario solicitó, mediante derecho de petición, que la Ungrd facilitara información sobre la compra de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira y correos entre proveedores y la entidad sobre estudios técnicos de ese trámite, así como “copias del organigrama de la subdirección para el Manejo de Desastres y de los contratos celebrados por la entidad, en los últimos cinco años, donde se contemple la compra de vehículos que serían utilizados por la entidad para llevar el líquido vital a las comunidades vulnerables del territorio colombiano”.
Pero, según el documento de la demanda, la oficina jurídica de la Unidad de Gestión de Riesgos se ha negado en varias oportunidades a esa solicitud, al considerar que la misma tiene tiene carácter privado y que entregarla a terceros “afectaría los derechos fundamentales de intimidad de terceros involucrados en el proceso de contratación pública”.