Han pasado once días desde que los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, Bethy Amanda Mage y Gerzón René Rivera fueron secuestrados junto a la esposa de Rivera, María Yeni Ruiz, por la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en medio de un retén ilegal en zona rural de Santander de Quilichao, Cauca, lo que mantiene en vilo a los familiares y allegados de estos ciudadanos.
“Tenemos mucha angustia, dolor e incertidumbre de no saber qué hacer”, aseguró Claudia Noguera, hermana de María Yeni Ruiz, quien espera que retornen pronto a casa.
Según la mujer, la pareja de esposos reside en Popayán, sin embargo, su hermana quería visitar a su familia en Cali, especialmente a su mamá, mientras su cuñado iba para Buga y Dagua a trabajar. “El viernes su esposo la vino a recoger a Cali y salieron juntos de regreso a Popayán, pero como la vía Panamericana estaba cerrada, tomaron una ruta alterna”, explicó.
La preocupación llegó cuando pasadas las horas la pareja no se comunicaba para informar que ya estaban en casa, además, los tres hijos del matrimonio comenzaron a llamar a la familia en Cali para saber si habían podido conversar con ellos. “Como a las 11:00 p.m. nos notificaron desde la Fiscalía que al parecer los tenía un grupo que instaló un retén ilegal en esa carretera”, comentó a hermana.
Tras conocerse la noticia, la angustia embargó a todos los seres queridos, quienes, desde el 19 de abril, piden la liberación inmediata de los ciudadanos plagiados. “Cuando nos dieron esa noticia se nos pasaron cincuenta mil cosas por la cabeza, porque todo está muy peligroso”, añadió Noguera.
Cabe destacar que según Carlos Camargo, coordinador de Justicia y Paz de Cali, los funcionarios no se encontraban realizando ninguna investigación sobre las disidencias, ya que sus labores se centran en el conflicto armado que se vive en la actualidad.
“Quizás las disidencias no lo sabían cuando los raptaron, pero ellos son funcionarios de Justicia y Paz, es decir, no adelantan investigaciones ni hacen inteligencia sobre un fenómeno criminal actual, están documentando hechos ocurridos hasta el 2005 relacionados con víctimas del conflicto de paramilitares, ni siquiera de la guerrilla”, explicó Camargo.
Además, el coordinador añadió que, por el momento, el único miembro del Gobierno que se ha expresado públicamente sobre el tema ha sido la vicepresidenta Francia Márquez, en medio de una reunión en Popayán. “Expreso el rechazo al secuestro de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el departamento del Cauca y pedimos la liberación de ellos de manera inmediata”, dijo Márquez.
No hay acuerdo
Este lunes se conoció un comunicado de las disidencias de las Farc, donde se acusó al Gobierno Nacional de no atender las solicitudes de garantías mínimas para la liberación de los tres ciudadanos, “contrario a esto han lanzado una ofensiva militar pretendiendo un rescate militar, ya han sido varios los momentos en que los retenidos han debido moverse ante el avance de las tropas del Ejército Nacional o los combates que se han generado en sus proximidades”, explicó el grupo subversivo.
En la misma misiva, sostuvieron que a los secuestrados “se les ha respetado su dignidad, se les han brindado las condiciones de seguridad, de salud y alimentación necesarias, adicional a esto se han adelantado interlocuciones con organismos internacionales para generar las condiciones de seguridad necesarias para su liberación”.
Sobre el tema, Claudia Noguera aseguró que su hermana María tiene varios padecimientos médicos, por lo que requiere fármacos especiales, los cuales no sebe si están siendo suministrados durante su cautiverio.
“Ella estuvo paralizada del brazo derecho y la pierna izquierda, a raíz de ello está en tratamiento. Cuando pasaron tres o cuatro días mis sobrinos me comentaron que la comisión humanitaria había solicitado las fórmulas médicas y se les informó, de allí para allá no sabemos si pudieron darle el medicamento”, expresó la mujer, por lo que su preocupación más grande es que pueda verse afectada la salud de su hermana.
De la misma manera, Carlos Camargo explicó que, además de que los dos funcionarios del CTI tienen un papel neutral en los procesos judiciales en contra de las disidencias, ambos pasan de los 55 años, por lo que deberían ser liberados.
Cabe mencionar que el temor de los familiares creció luego de que las disidencias enviaran un contundente mensaje al Gobierno Nacional en su más reciente comunicado, asegurando que “de mantener su pretensión de rescate militar, serán responsables de la vida e integridad de las personas retenidas”.
A Claudia, dicho documento la llenó de incertidumbre, pues dio a entender que, según ella, las autoridades parecen no estar haciendo todo lo que está en sus manos para lograr la puesta en libertad de los tres retenidos.
“No sabemos qué hacer porque si el Gobierno y esa gente no se ponen de acuerdo, no tenemos a quién más recurrir, no podemos hacer nada y estamos impotentes”, sostuvo la mujer.
Es por ello que los familiares de Bethy Amanda Mage, Gerzón René Rivera y María Yeni Ruiz solicitaron el pronto regreso a casa de sus seres queridos. “Pedimos al Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental y al Estado colombiano, en cabeza del señor Presidente, que miren más allá de las armas y vean la humanidad en nuestros familiares. Ellos no son solo nombres en una lista de retenidos; son madres, padres, hijos, hermanos y abuelos. Son parte de nosotros, de nuestra historia, de nuestros sueños”, indicaron por medio de un comunicado.
Los allegados de los ciudadanos concluyeron que “no hay tiempo para más tardanzas. Cada minuto cuenta. Cada lágrima derramada es un recordatorio de que la vida de Bethy, Gerzón y María Yeni está en peligro”, por lo que demandaron respuestas rápidas por parte del Estado.