La Sala Plena del Consejo de Estado, anunció este martes 29 de agosto, la elección de tres nuevos magistrados del Consejo de Estado. Se trata de Jorge Edison Portocarrero Banguera, Germán Eduardo Osorio Cifuentes y William Barrera Muñoz.
Es importante destacar que los nuevos consejeros de Estado han ejercido como docentes en las distintas universidades del país.
Jorge Edison Portocarrero, quien fue contralor de Cali, asumirá el despacho que dejó vacante el magistrado Carmelo Perdomo Cuéter en la Sección Segunda. El nuevo consejero de Estado es abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana de Cali y tiene maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá.
El nuevo consejero es abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario de Bogotá y además, cuenta con una especialización en administración pública, la cual obtuvo en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
Asimismo, Osorio Cifuentes ha sido asesor de la Cámara de Comercio de Ibagué, del Consejo Nacional Electoral, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y del Instituto de Seguros Sociales. Además, fue director de Telecom; secretario general de Naturgas; experto comisionado y director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y magistrado auxiliar del Consejo de Estado.
Otro de los magistrados escogidos por la Sala Plena del Consejo de Estado es, William Barrera Muñoz, quien asume el cargo luego de que Guillermo Sánchez Luque dejara la vacante de la Sección Tercera.
Barrera es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y doctor en el área de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Además, el nuevo consejero de Estado cuenta con un diplomado superior en Derecho Administrativo de la Universidad Paris II-Panthéon Assas, Francia.
Se debe anotar que el magistrado Barrera Muñoz ha trabajado en diferentes entidades del Estado como lo son: la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión Nacional de Televisión. Asimismo, se supo que William Barrera se desempeñó como consultor y abogado independiente por más de 22 años.
Consejo de Estado anula sanción de exgobernador Abadía
En otras noticias, cabe recordar que el pasado lunes 14 de agosto, El Consejo de Estado anuló la sanción con la que la Procuraduría General de la Nación inhabilitaba al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía por 10 años. Según un documento que salió a la luz dicho día, el alto tribunal revocó la decisión que el organismo de control tomó en 2015.
De acuerdo con el documento con fecha del pasado 27 de julio, para el Consejo de Estado la destitución e inhabilidad general impuesta al funcionario elegido por voto público habría sido ilegal. La sanción de la Procuraduría estaba relacionada con un contrato de prestación de servicios de salud que Abadía suscribió en la Secretaría de Salud Departamental el 25 de marzo de 2010.
Aunque en su momento, el polémico exgobernador apeló la decisión, en primera instancia el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó la demanda. El Consejo de Estado, por su parte, estudió el caso y determinó la falta de competencia de la Procuraduría para sancionar a servidores públicos de elección popular.
Por alto, el fallo del alto tribunal, en primer lugar, revocó la sentencia del 15 de mayo de 2019 del Tribunal Administrativo del Valle que “negó las pretensiones de la demanda del exmandatario departamental”. Como consecuencia de esta decisión, el Consejo de Estado declaró nulas “las actuaciones disciplinarias del 24 de febrero de 2015 y del 29 de septiembre de 2016″, con las que la Procuraduría destituyó e inhabilitó al funcionario por diez años.
En el documento, el Consejo de Estado también ordena a la Procuraduría General de la Nación “la eliminación en las bases de datos del registro de la sanción impuesta al señor Juan Carlos Abadía, al quedar desvirtuada su presunción de legalidad”, es decir, el organismo de control tendría que borrar el expediente negativo del exgobernador.
La sanción de la Procuraduría en contra de Juan Carlos Abadía estaba relacionada con irregularidades en la selección, trámite y suscripción del contrato de prestación de servicio n° 365 del 25 de marzo de 2010 celebrado entre la Gobernación del Valle del Cauca y la firma Eduardo Bolaños IPS Ltda.
La polémica se generó porque la contratación se realizó de manera directa, sin agotar el procedimiento y los requisitos establecidos para este tipo de procesos. El fallo advertía que Abadía no podía apartarse de su responsabilidad en la selección objetiva del contratista.
“Es claro que el disciplinado tuvo un conocimiento del hecho, ya que participó en la elaboración e implementación del manual de contratación del Departamento del Valle del Cauca, adoptado mediante el Decreto No. 0926 del 4 de septiembre de 2008, dado que fue él cómo Gobernador quien lo expidió e implementó”, señaló la entidad en su momento.
El exgobernador del Valle ha estado inmerso en diferentes escándalos. De hecho, el pasado 28 de julio, la Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente por el presunto pago de un soborno para archivar un proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia.
La acusación fue avalada por el Juzgado 26 penal de Circuito de Bogotá, ya que Abadía estuvo vinculado a la investigación penal por el escándalo del ‘Cartel de la Toga’ en junio de 2022. Varios testigos lo habrían señalado como supuesto beneficiario de la red de sobornos que se desarrolló en la alta esfera de la justicia.
De acuerdo con los elementos probatorios, el exjefe departamental, le habría entregado $400 millones a Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal contra la corrupción en 2014. Luego, este dinero fue redireccionado al exmagistrado, Francisco Ricaurte, quien hoy enfrenta una condena.
Abadía habría contratado a Moreno Rivera, para que llevara su caso en un proceso penal que se seguía en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El motivo: presuntas irregularidades en un un convenio de cooperación para la dotación de bibliotecas escolares en el Valle.