El Tribunal Superior de Bogotá recordó que la Fiscalía tiene 90 días para definir si pide otra preclusión o lleva a juicio al expresidente y exsenador Álvaro Uribe por su supuesta manipulación a testigos.

El recordatorio al ente acusador se dio en medio de una acción de tutela que le fue negada al senador Iván Cepeda y al exfiscal Eduardo Montealegre, quienes consideraban que la justicia les había vulnerado sus derechos al debido proceso y la igualdad.

En una de las conclusiones, la Sala Penal del tribunal ratificó que desde el cambio de fiscal en este caso, al ente acusador le empezaron a correr los tres meses para que tome una decisión de fondo en el proceso que tiene a Uribe en calidad de imputado por dos delitos: soborno a testigos y fraude procesal.

El tiempo empezó a correr desde el lunes 2 de mayo, cuando la posición del ente acusador fue la de cambiar a Gabriel Jaimes por Javier Cárdenas, fiscal tercero ante la Corte Suprema que asumió el proceso con un precedente: el halón de orejas a la Fiscalía que hizo la jueza Carmen Ortiz al momento de no archivar este expediente, el cual llegó a tener al expresidente detenido en su finca durante varios días.

Una vez ella dictó su concepto en la diligencia de más de 12 horas de finales de abril, sorpresivamente el entonces fiscal encargado Jaimes no apeló, y con ello abrió la posibilidad a que sea en una etapa de juicio en la que continúe este caso que, de todas formas, la Fiscalía puede pedir precluir nuevamente bajo otras cuatro causales que le quedan.

Antes de que determine cuál vía tomar, las autoridades dijeron que escucharán en interrogatorio a Uribe y a 26 personas más, una de las recomendaciones que le hizo la jueza Ortiz al derrumbar uno por uno los argumentos de la Fiscalía.

Esas voces, que no han salido a la luz pública, se sumarán al expediente que se mantiene vivo y que podría tomar su curso a comienzos de agosto, días que podrían coincidir con la posesión de quien sea elegido nuevo presidente de Colombia.