Luego de que la semana pasada fueran asesinadas dos funcionarias de la Secretaría de Tránsito en Tuluá, Valle del Cauca, y de que el sábado pasado otro hombre, también vinculado a esta empresa, fuera atacado a tiros, las alarmas están encendidas en el centro de la región.
El primer caso ocurrió el martes 6 de julio cuando dos mujeres que se transportaban en un vehículo fueron atacadas con arma de fuego en plena vía publica. Una de ellas fue la directora del Departamento de Tránsito de este municipio, identificada como Yuri Alejandra Guatapi Franco. Además, fue asesinada Katherine Toro, una contratista de esta entidad.
Como si fuera poco, el sábado 8 julio, en horas de la noche, se presentó el otro homicidio. Esta vez fue contra el agente de tránsito John Jaiber Hincapié y sucedió en medio de los tres días de duelo que la Alcaldía de Tuluá había declarado por los crímenes de la directora de Movilidad y su asesora.
Ante este panorama, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, escribió en su cuenta de Twitter: “Condeno y rechazo el asesinato del agente de tránsito John Jaiber Hincapié, sumado en los últimos días al asesinato de Yuri Alejandra Guatapi, directora de movilidad, y de su colaboradora Katherine Toro, en Tuluá. Ofrecemos hasta $100 millones de recompensa por información que nos permita capturar a todos los responsables de estos homicidios”.
La mandataria de los vallecaucanos añadió: “Estamos al frente de la investigación de estos repudiables asesinatos, con nuestras autoridades, de la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Colombia y la Seguridad del Valle. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para judicializar a los responsables. La investigación de estos hechos avanza por el camino correcto y este miércoles hemos citado consejo de seguridad extraordinario con toda la Fuerza Pública”.
El pasado domingo, unas horas después del ataque contra el guarda de tránsito, la banda La Oficina, que opera en Tuluá, por medio de un comunicado se adjudicó el homicidio del hombre. “Se está verificando su veracidad con personal de inteligencia y policía judicial para iniciar las investigaciones y dar con los responsables de estos hechos en el municipio de Tuluá”, dijo la Policía del Valle del Cauca.
Por su parte, tras un consejo de seguridad adelantado en Tuluá, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que no se le puede dar credibilidad a estos panfletos y anunció el apoyo del Gobierno nacional a un proyecto para mejorar la seguridad en el municipio a través de la adquisición de un sistema de vigilancia digital.
Además, en diálogo con El País, el alcalde de Tuluá afirmó que se pidió acompañamiento especial de los policías y militares para los 23 guardas de tránsito que hay en este municipio del centro del Valle del Cauca. Asimismo, dijo que en la ciudad hay aproximadamente 16 cámaras de seguridad, pero su funcionamiento no es el adecuado porque no se cuenta con un centro de monitoreo y videovigilancia para estar atentos ante cualquier novedad.
Mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, el alcalde John Jairo Gómez dio a conocer que él mismo asumirá la dirección de Movilidad, luego del asesinato de los tres funcionarios.
“Se determinó intervenir administrativamente el departamento de Movilidad de la ciudad y, personalmente, a la par con mis funciones, asumo esta dirección de tránsito. También he pedido el apoyo de organismos de control, para poder dar claridad sobre lo que ocurre en el interior de este ente” dijo.
La Oficina, la banda delincuencial que controla hasta lo que se come en Tuluá
La orden es clara: quien quiera llegar a la Alcaldía tiene que sentarse a negociar el pliego de peticiones de la banda criminal La Oficina de Tuluá. Entre ellas, una cuota política de participación en el Gobierno, permitir el cobro de un impuesto a los contratistas (vacuna) y garantizar el control del comercio de los productos básicos de la canasta familiar.
Desde hace varios años el microtráfico dejó de ser la única fuente de ingreso de este grupo delincuencial surgido de la organización de Los Comba, la banda al servicio del narcotráfico, y que tiene aterrorizados a los habitantes de Tuluá por la brutalidad de sus crímenes, extorsiones, homicidios y el poderío de sus armas.
Un grupo criminal que pasó de la extorsión a comerciantes en las plazas de mercado a acaparar la distribución de los productos básicos de la canasta familiar. Su incursión en mercados ‘legales’ empezó con la imposición de condiciones para quienes comercializaban cilantro.
“De un momento a otro aquí no vendían cilantro sino ellos, y los productores no podían venderle a nadie más y también ellos definían los precios. Luego fueron creando a sangre y fuego el cartel de la cebolla, de la papa, del plátano, el banano, el huevo y otros. Aquí la persona que viene a vender huevos y viene de afuera tiene dos opciones: o se los vende a La Oficina o no los puede vender; y si lo hace por fuera, lo matan”, indicó telefónicamente un comerciante.
La Oficina de Tuluá surgió hace alrededor de 15 años en el barrio La Inmaculada, según una fuente de inteligencia, y fue ese el nombre que en principio adoptó. “Con la caída de su primer cabecilla, John Estiven Idrobo, asumió el mando Óscar Darío Restrepo, alias Porrón, el devoto de la Virgen de Guadalupe que se convirtió en objetivo de las autoridades luego de que amenazara de muerte a Faustino Asprilla, y a quien le han incautado bienes por más de $60.000 millones”.