De acuerdo con Joshua Goodman, un reconocido periodista investigativo de Estados Unidos, el hermano de la senadora Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, se declararía culpable por cargos de narcotráfico el próximo 2 de enero ante un tribunal federal de Nueva York, precedido por el juez James Liman.
Córdoba fue solicitado en extradición por la Corte Distrital del país norteamericano para el Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y concierto para delinquir. Sin embargo, el Alto Tribunal solo avaló su extradición por el primer delito, hecho que ya cumple casi un año.
La extradición del hermano de la senadora militante del Pacto Histórico, causó revuelo en su momento debido a que se aseguraba que era un entrampamiento por parte del presidente Gustavo Petro, quien avaló la orden judicial, y que su extradición era una “decisión política”, como lo afirmó la defensa de Córdoba, Ludy Santiago, en ese entonces.
De hecho, fue enfática en negar que Córdoba tuviera nexos con el narcotráfico, y que esas repercusiones en contra de él se debían a que era “hermano de una senadora de la República combativa, ideológicamente distinta, y por lo mismo, no resulta extraño que en esos señalamientos esté involucrado ese ingrediente político que precisamente es el que caracteriza la llamada ‘conveniencia nacional’ de la entrega, que en este caso no ha sido precisada”, aseguró en un comunicado emitido en ese momento.
Aparte de ello, según la abogada, la extradición de Córdoba no era “armónica con el compromiso público de revisar la extradición con los Estados Unidos” y “vulnera el debido proceso y las garantías judiciales”.
En agosto del año pasado, el Presidente Petro había asegurado que quienes negocien y dejen de cometer delitos no se extraditarán. Al respecto, Santiago había manifestado que la decisión del Mandatario constituía “un desafortunado precedente jurídico porque continuamos enviando a nuestros compatriotas hacia los Estados Unidos, sin que exista un Tratado de Extradición vigente que asegure el respeto a las garantías judiciales de los ciudadanos colombianos”.
Por el momento, la justicia estadounidense está a la expectativa de las declaraciones que dará el hermano de la senadora durante la diligencia judicial que se realizará a inicios del próximo año. Hasta ahora no hay pronunciamiento por parte de la senadora ni de su partido.