Una nueva masacre enlutó al Valle del Cauca y alertó a las autoridades luego de que el domingo, 17 de noviembre, se registrara un atentado en el norte del departamento. Hechos como este han convertido a la región en una de las de mayor impacto por este delito.
El caso ocurrió a las 6:40 p.m. en la vía que de Bugalagrande conduce a Andalucía, donde tres de cuatro personas que se transportaban en una camioneta murieron en un ataque sicarial.
“Los cuatro tripulantes fueron interceptados por otro vehículo en el que se movilizaban hombres armados que, sin mediar palabra, efectuaron disparos en contra de los ocupantes de la camioneta”, detalló el coronel Giovanni Cristancho, comandante del Departamento de Policía Valle.
De acuerdo con información preliminar, estos actos obedecerían a un ajuste de cuentas, ya que las víctimas presuntamente eran miembros del grupo criminal La Inmaculada, que delinque en Tuluá. De igual manera, la Policía Valle indicó que dos de los fallecidos tenían antecedentes judiciales.
Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron identificadas como José Jesús Aristizábal, Jesús Alejandro Bravo y Luis Alejandro Pérez.
Cauca y Valle, los más afectados
En lo corrido de 2024 se han registrado 64 masacres en Colombia y las zonas con mayor número de hechos son Valle y Cauca, con 10 casos cada uno, según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
En el Valle del Cauca estos crímenes han dejado 33 víctimas desde el 12 de enero, cuando se dio el primer caso en el municipio de Toro, norte del departamento, y los meses con mayor número de delitos fueron enero, junio y octubre, con dos cada uno.
Cabe resaltar en 2023 ocurrieron 13 masacres, por lo que la tendencia violenta se está manteniendo.
Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, explicó que “existen actores criminales muy fuertes en el territorio con una injerencia absoluta en el país, sobre todo por la protección de sus rentas criminales representadas en cultivos de uso ilícito, en producción de cocaína, en plantaciones de hoja de coca, en minería ilegal y eso hace que surjan unas pensiones impresionantes con los actores territoriales como los líderes de las comunidades”.
El especialista enfatizó en que el Valle del Cauca es un corredor de dichos negocios ilegales producidos en Cauca y Nariño, por lo que las violencias también se manifiestan en el departamento. “Estamos hablando de que el Suroccidente representa fácilmente el 30% de la red criminal de todo el país, más o menos dos billones de dólares, entonces esa tensión con otros actores del territorio como las organizaciones de la sociedad civil, líderes sociales y comunidades étnicas es lo que produce masacres”.
Por su parte, Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, aseguró a El País que los actores de estos delitos son variados. Si bien en algunas zonas rurales los grupos como las disidencias de las Farc, el ELN, la Segunda Marquetalia y grupos narcotraficantes como el Clan del Golfo están detrás de estos hechos, también existen bandas de carácter local que generan asesinatos múltiples.
“Hay una situación de bandas delincuenciales que es muy fuerte, muchas de ellas dinamizadas por otros grupos armados como, por ejemplo, las disidencias de las Farc que también tienen intenciones de ingresar a la zona, entonces las masacres obedecen al control barrial que pueden tener con economías ilegales como el microtráfico, el cobro de paga diario, el cobro de extorsiones, entre otras causas”, indicó Cabezas.
El Cauca también ha sido afectado por este flagelo ya que en los 10 asesinatos múltiples que se han presentado, 41 personas han perdido la vida. En muchos de estos casos las víctimas pertenecen a comunidades étnicas que defienden su territorio, toda vez que a los grupos al margen de la ley no les conviene este tipo de liderazgos.
“Algunos gobernadores de resguardos indígenas y líderes de consejos comunitarios afros que son defensores, campesinos o políticos como los concejales y los alcaldes de municipios de sexta categoría, entran en un dilema entre aceptar las condiciones criminales de los actores armados o enfrentarse a ellos. Esto último es la causa de muchas de las masacres”, sostuvo Carvajal.
Además, en el caso de Cauca hay un aumento en este delito, pues en 2023 se registraron 9 masacres.
De acuerdo con Juana Cabezas, el comportamiento de estas matanzas no ha tenido grandes variaciones en los últimos años. Entre 2016 y 2019 las cifras se situaron entre las 33 y las 51 masacres, sin embargo, entre 2020 y 2023 no se ha logrado bajar de los 90.
“No hay una variación en el fenómeno y no disminuye positivamente, pero tampoco tiene un aumento respecto a los años anteriores. Digamos que en 2024 hay una tendencia que se sostiene en el tiempo y eso resulta bastante significativo negativamente porque hay un fenómeno que está normalmente asociado a la criminalidad urbana”, explicó la investigadora.
Cabe mencionar que Antioquia, con 9 casos, es el tercer departamento más afectado por estos asesinatos colectivos, lo que correspondería, entre otras razones, a la dinamización de economías ilegales en el territorio, especialmente en el bajo Cauca antioqueño por actores como el Clan del Golfo que delinque en la zona a través del narcotráfico y la minería ilegal.
Los expertos concluyeron que para disminuir las altas cifras de masacres, el Estado debe llegar con toda sus capacidades a los territorios más perjudicados, no solamente con Fuerza Pública. “Mientras esa ecuación no se nivele y mientras esa balanza no se restablezca, vamos a seguir con estos índices de victimización tan altos”, puntualizó Carvajal.