En el Valle, las cifras de mujeres víctimas por violencia de género no ceden. Así lo evidencian indicadores del Observatorio de Género, Ogen, de la Gobernación, que reporta que en los últimos cuatro años (2016 - 2019) se presentaron en Cali 5201 casos. Y en otros municipios del departamento, por ejemplo, la localidad que menos registró denuncias en ese lapso fue Zarzal, con 101 casos; y en la que más hubo fue Palmira, con 594.

La violencia de género en el Valle ha afectado no solo a mujeres del común, sino a aquellas líderes y activistas pertenecientes al Movimiento Social de Mujeres de Cali, algunas de las cuales no reaccionaron ante los maltratos y vejaciones hasta cuando llegaron a una situación de emergencia.

Desde el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, constituido por la Fundación WWB y la Universidad Icesi, la violencia es entendida como toda acción u omisión individual y estructural que limite, coarte o agreda el ejercicio de la autonomía de las mujeres en términos de su libre desarrollo e integridad.

En el 2019 el Observatorio para la Equidad de las Mujeres en su boletín anual informó que había realizado una encuesta a 1506 mujeres de los municipios de Cali, Buenaventura, Yumbo y Jamundí, con el fin de indagar sobre tres ejes de violencia que se hubieran ejercido sobre ellas: psicológica, física y patrimonial. Los resultados de la encuesta arrojaron que la mayor violencia ejercida sobre estas mujeres fue la psicológica, con un 23 %; le siguió la física, con un 8,9 %; y la económica y patrimonial, con un 7,8 %.

Entre estas vallecaucanas está María Enríquez (nombre cambiado por seguridad), una psicóloga que fue víctima de violencia psicológica, física y sexual por parte de su compañero sentimental, con quien sostuvo una relación por más de siete años. Este hombre se desempeñaba como líder sindical y luchaba por los derechos de las personas.

Quienes lo conocían afirmaban que era un hombre ejemplar, pacífico, buena persona, pero con su pareja era todo lo contrario: ejercía cierto poder y control hacia ella hasta maltratarla. Como cuando asistían a reuniones familiares o de amigos. En estos espacios no desaprovechaba para, con sus comentarios, hacerla quedar en ridículo o menospreciarla. Cuando ella reaccionaba a sus acciones violentas, él no las aceptaba e indicaba que sus reclamos obedecían a que era una “loca”, “celosa”, “problemática”, “que no estaba bien”, y esas mismas apreciaciones las compartía con los demás dándoles a entender que ella generaba los problemas.

Para el 2008 fue violentada físicamente por su pareja. Un día salieron de su casa en el auto y tuvieron una fuerte discusión, la cual dio paso a la agresión: la golpeó muchas veces y luego la arrojó del carro a la berma, causándole 17 hematomas en su cuerpo. Ella lo denunció, pero el juez que atendió su caso lo registró como lesiones personales, y les indicó que lo mejor era que conciliaran. La pareja llegó a un acuerdo y siguió su relación.

Tiempo después, ella quedó en embarazo, estuvo feliz y anheló tener a su bebé, pero su marido no aceptó y manifestó que no estaba preparado para ser padre y la convenció de abortar.

Ella, en su interior, siempre supo que estos tratos humillantes y vejatorios eran algo que no podía aceptar porque mientras ella era maltratada, al mismo tiempo trabajaba y manejaba en la Fiscalía casos de mujeres víctimas de violencia. También coordinaba una institución en la cual ayudaba a proteger a las mujeres violentadas.

Pero, aun así, sufría en silencio su propia tragedia. Luego volvió a ser violentada físicamente. Esta vez no denunció, pero sí decidió darle fin a esta relación que por mucho tiempo la marginó, se alejó de su pareja definitivamente, y su madre y demás familiares la apoyaron en este largo proceso de reivindicación. Hace seis años pertenece al Movimiento Social de Mujeres de Cali.

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En el eje de violencia económica y patrimonial, las indígenas son aquellas que reportan el porcentaje más alto en la encuesta desarrollada por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, pues a muchas sus parejas les han prohibido trabajar o estudiar, les han vigilado la forma en la que gastan el dinero y no están de acuerdo con la manera en que ellas administran los recursos económicos.

Es el caso de Norma Liliana Pillimué, indígena nasa del territorio ancestral de Tacueyó, en Toribío, Cauca. Estudió Trabajo Social en la Universidad del Valle y es hija de un líder social de esta región, quien hizo parte de la creación del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca), enfocado en recuperar terrenos indígenas. Esta luchadora presenció en su infancia la violencia por parte de los grupos armados al margen de la ley, y debido a esto tuvo muchos desplazamientos.

Uno de los lugares a los cuales llegó fue Cali, donde vivió en pésimas condiciones. Aquí ingresó a la universidad con la mentalidad de volver a su lugar de origen para ayudar a su pueblo, pero finalizando segundo semestre quedó en embarazo. Pese a las dificultades, sacó su carrera adelante.

Luego conoció a un comerciante, con el que convivió 20 años. Un hombre con poder y reconocimiento en el Cauca. Siempre impuso en ella su autoridad ya que la sometió a lo que él quisiera, le controlaba sus horarios, no la dejaba salir de la casa y si ella se le enfrentaba, él le respondía con insultos, gritos, malos tratos y golpes.

Uno de los motivos por los cuales la maltrataba era cuando quería ver a su hija en Cali, pues la niña vivía en esta ciudad para estar alejada de la violencia del pueblo, así que su marido la amenazaba con no darle recursos y usaba frases como: “No te daré dinero”, “tú trabajas, así que te pagas todo”, “no necesitas de mí”. Siempre buscó que la atención fuera solo para él.

Un día de 2006, esta pareja estaba en su hogar. Liliana deseó tomarse unos tragos mientras acompañaba a su esposo a cerrar las cuentas del negocio. Horas después, al verla tomada, su marido cogió un machete, y sin piedad la golpeó en la espalda y las piernas. Ella huyó y llegó a la esquina de su cuadra donde se encontraba una garita, los policías que estaban dentro de esta la observaron, pero ninguno la ayudó e ignoraron su petición de auxilio ya que “eran aliados” de su marido porque este les daba alimentos y enseres.

Al día siguiente, Norma Liliana viajó a Popayán para denunciarlo ante la Fiscalía, pero la directora encargada no expuso la verdad en el relato que redactó y la cuestionó en todo el proceso. Dice esta mujer que fue inoperante, a tal punto que la hizo sentir que ella era la culpable de lo que estaba pasando.

Todas estas agresiones sufridas por Norma Liliana fueron llevadas a conciliación, ya que para ese entonces no estaba vigente la Ley 1257 del 2008 (Prevención y Sanción de Formas de Violencia y Discriminación contra las Mujeres) la cual les garantiza a las mujeres una vida libre de violencia.

En estas ocasiones ella siempre pidió que le brindaran una ayuda psicosocial, para que el agresor reconociera que su comportamiento no estaba bien y optara por cambiar, pero él nunca cumplió las citas.
Paralelo a esta situación de violencia que vivió en su entorno, Liliana trabajó en muchos municipios ejecutando proyectos con mujeres indígenas, donde las acompañaba en procesos de violencia brindándoles talleres para que aprendieran a hacer valer sus derechos. También pertenecía al Movimiento Social de Mujeres en Cali, asistió a muchos foros a nivel nacional e internacional en los cuales fortalecía sus conocimientos y se concientizaba cada vez más de la propia situación de violencia por la que ella estaba atravesando.

Después de un tiempo, el maltrato y la agresión no desaparecieron, así que ella decidió separarse, y para esa época, en la Fiscalía ya habían tres demandas por maltrato intrafamiliar en contra de su pareja. En estos encuentros con él en el ente de investigación ella solicitó repartición de bienes, pero él se lo negó y puso en contra de ella al cabildo indígena al que pertenecía, a los abogados que la estaban apoyando y llegó a acuerdos con la justicia de la localidad.

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La violencia física es entendida en el Observatorio como toda acción orientada a dañar la integridad física de la víctima, tales como golpes con la mano u objetos, quemaduras, laceraciones, forcejeos, empujones, estrangulamientos y demás comportamientos que terminen por infringir lesiones personales. Quieren acabar con sus vidas.

Cabe resaltar que también hay en el Valle un porcentaje significativo de mujeres que fueron víctimas de acciones que iban encaminadas a acabar con su vida. En la encuesta ya mencionada, al 3,8 % de las entrevistadas trataron de estrangularlas o quemarlas; al 3,4 % las atacaron con un cuchillo, un arma de fuego u otro tipo de arma.

Así lo vivió Libertad López Bermúdez, de 19 años, estudiante de Recreación en la Universidad del Valle y fundadora del colectivo Reparando Ausencias. Ella evidenció la violencia por primera vez a los 13 años, cuando su madre fue asesinada a manos de su esposo en un hotel de Cartagena.

Debido a ese suceso comenzó su camino como activista, se relacionó con grupos feministas y dio charlas a sus compañeros en los colegios a los cuales asistió.

Cuando tenía 15 años comenzó una relación amorosa con un chico de su misma edad, que se convirtió en un tormento porque comenzaron los abusos, los golpes, las violaciones y en una ocasión hubo un intento de asesinato tras dejarla inconsciente después de haberla golpeado con su puño. Pero aquel hecho no fue el único que sufrió, pues tanto en los colegios a los cuales asistió y por último en la universidad, los abusos no paraban. En ambas instituciones, comenta Libertad, docentes y alumnos la ultrajaron con palabras, actos, gestos, mensajes electrónicos que atentaban contra su estabilidad emocional, dignidad e integridad física o psíquica.

Hoy, Libertad, junto con tres compañeras de su universidad, trabajan en un proyecto para la construcción de un hogar que acoja a mujeres para que no pasen la noche a la deriva, brindándoles un techo, comida y seguridad.

Ayuda

Para cualquier eventualidad, está la Línea 123 de la policía.

Y para que las mujeres denuncien en Cali: 3188611522 (Patrulla Rosa), 155 (orientación), 122 (Fiscalía), 3105162760 (Casa Matria) y 106 (línea en el Valle).

Movimiento Social de Mujeres: movimiento-social
-de-mujeres cali@googlegroups.com

Mesa Municipal de las Mujeres: mesamunicipalde
mujerescali@gmail.com

Denuncia virtual o ‘Adenunciar’, habilitada en las páginas web de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.