No correr más es la consigna. Desde el 2021 cuando arreciaron los ataques contra los trabajadores de la caña de azúcar en el norte del departamento del Cauca, por parte de un grupo de personas que reclama a sangre y fuego el derecho a la tierra, estos tomaron la decisión de defender su derecho al trabajo, incluso a costa de sus vidas.
En la mañana del pasado 6 de febrero mientras realizaban labores de campo en la hacienda Ucrania López, corregimiento El Tetillo, municipio de Padilla, volvieron los hostigamientos y amenazas, pero ellos les hicieron frente, no corrieron.
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Llevan lidiando con esta amenaza desde aquel diciembre de 2014 cuando se dieron las primeras invasiones en la hacienda Miraflores, en la vía Miranda – Corinto, cuyas tierras hoy están abandonadas e improductivas, al igual que otras seis haciendas del sector invadidas a lo largo de todos estos años.
Sin embargo, jamás imaginaron la sevicia y la crueldad con que los atacarían, horas después, en ese lunes.
“Eran alrededor de las 11:30 de la mañana. Llegaron en varios grupos, no sé cuántos eran, más de 200 tal vez. Nos lanzaron papas bomba, cohetes artesanales, piedras y disparaban indiscriminadamente. Yo recibí un tiro en la pierna izquierda. Estoy vivo por la gracia de Dios porque me hicieron más de cinco disparos”, recuerda Aldemar Moreno, de 50 años, quien como pudo logró huir de la finca.
Dos de sus compañeros, Rodolfo Dagua y Leonardo Tálaga, no corrieron la misma suerte. Fueron asesinados mientras almorzaban bajo la sombra de los árboles, cerca a un tanque de agua.
“Los mataron como animales. Eran gente buena, trabajadora, que solo buscaba llevar el sustento a su familia como lo hacemos todos los que estamos en el campo. Lo único que nosotros estamos haciendo es reclamar nuestro derecho al trabajo”, dice Aldemar, quien lleva 23 años sembrando caña.
Ese mismo día otro compañero fue herido en un brazo y uno más fue secuestrado por los invasores. Afortunadamente lo dejaron libre horas después. Los demás, como pudieron, huyeron por entre los cañaduzales y callejones.
Edison Samudio, otro trabajador que estaba ese día en la Ucrania López, cuenta que los ataques son cada vez más violentos. Por eso, ese 6 de febrero, entendieron que no estaban a salvo y que debían volver a correr para sobrevivir.
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Ese mismo mes, un trabajador del ingenio La Cabaña fue herido y el pasado 2 de marzo atacaron a otros dos.
El temor y la zozobra recorren ahora los enormes campos que antes lucían miles de hectáreas sembradas de caña.
La tranquilidad de las jornadas se transformó en temor, al punto que para ir a sus sitios de trabajo se reúnen en un lugar de la población y en grupo se desplazan a la hacienda asignada. Al terminar la jornada es igual. Ya nadie camina solo, pues portar el uniforme y elementos de dotación de las empresas es un riesgo, los pone en la mira de los invasores.
“Nos hemos convertido en una especie de objetivo militar para estas personas. Nosotros lo único que queremos es vivir y trabajar en paz, porque sino trabajamos no tenemos con qué vivir”, afirma Aldemar.
Dicen también que sus familias son las que están llevando la peor parte. Sus esposas, hijos, y madres no tienen vida cuando salen de sus casas rumbo a las haciendas.
“Todo el día nos llaman, viven angustiados. Esto nos afecta a todos, pero más a nuestras familias que nos suplican que busquemos otro oficio, pero en el norte del Cauca prácticamente la única fuente de trabajo es el cultivo de la caña. Además, nosotros los trabajadores, somos el motor de desarrollo de estas poblaciones. Sin nuestros ingresos de qué viviría la señora que hace las arepas, los almacenes, las tiendas, todo se mueve por la agroindustria que es la que nos paga”, asegura Edison.
¿Quiénes son los invasores?
Inicialmente, explica Edison, estos grupos estaban conformados por integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, pero ahora se han sumado las Reservas Campesinas, Campesinos sin Tierras, otros que se hacen llamar ‘los Desalambrados’ y hasta migrantes.
Se estima que pueden ser entre 9000 y 10000 las hectáreas invadidas, son tierras sin cultivos y, en el mejor de los casos, son aprovechadas por el ganado.
La gran pregunta es ¿quién está detrás de estos grupos? Nadie sabe o mejor nadie quiere hablar. Algunas de estas personas incluso son vecinos de los trabajadores a quienes atacan a diario. Hay quienes dicen que les pagan entre $40.000 y $50.000 diarios por ir de finca en finca arrasando la caña.
Lo cierto es que con cada invasión se estrecha el cerco para los trabajadores, pues lo que antes hacía una sola persona ahora lo deben hacer tres.
“Antes, en una finca, había quince trabajadores, ahora somos alrededor de 45. Esto ha afectado nuestros ingresos, nuestro bienestar”, señala Edison.
Insisten en que su reclamo nada tiene que ver con la empresa para la que laboran, sino con el derecho que tienen todos los colombianos al trabajo, a la vida y a la libre movilidad.
“Ahora cuando llegamos a un trabajo dejamos las motos y bicicletas escondidas para que no nos la quemen y para tener como huir en caso de que nos ataquen. Todo el tiempo estamos mirando quién viene, si se acerca alguna persona pensamos que son ellos, es algo aterrador”, advierte Enrique Lara, otro trabajador.
Aldemar, insiste en que desde hace algún tiempo para acá no duerme tranquilo. Se despierta a la madrugada y a su mente empiezan a llegar todas las situaciones que están viviendo y no entiende por qué el Gobierno no toma medidas.
“La zozobra que vivimos a diario es una cosa aterradora. Ellos cargan escopetas dentro de costales. El día que mataron a nuestros compañeros las disparaban dentro de los mismos costales, otros más descarados las sacaban a la vista de todos, mientras nosotros solo estamos ‘armados’ con una pala y un machete que es nuestra dotación”, confiesa Aldemar.