Juan López, de 46 años, ambientalista quien luchó contra la minería a cielo abierto en Honduras, fue asesinado por desconocidos durante la noche del sábado, cuando estaba dentro de su vehículo tras salir de una iglesia del municipio de Tocoa (departamento de Colón), donde vivía y se desempeñaba como concejal de la alcaldía, según informó la prensa local.
El crimen generó repudio de autoridades y de la ONU. Una de las que se sumó al rechazo del homicidio de López fue la presidenta hondureña, Xiomara Castro, a través de su cuenta de X: “Repudiamos el vil asesinato del compañero y líder ambientalista Juan López”, señaló la presidenta hondureña, Xiomara Castro.
López era miembro del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), los actos conmemorativos por la fiesta nacional fueron suspendidos en Tocoa.
Por su parte, Thelma Peña, esposa de López, dijo en una breve llamada telefónica con la AFP que el activista fue atacado “a tiros” momentos después de salir de la iglesia, donde ella no estuvo presente.
En la madrugada del domingo, la Policía señaló en un comunicado que unidades de la institución, incluida una antipandillas, recolectan evidencias “que permitirán esclarecer los hechos” y pidió a “la población que posea información relevante” que “se comunique de manera confidencial” a través de su línea de emergencias 911.
López tenía medidas cautelares de CIDH
El ambientalista había pedido recientemente en rueda de prensa la renuncia de funcionarios en Tocoa, que pertenecen al partido Libre, luego de que aparecieran en un video negociando sobornos con narcotraficantes en 2013, desatando un escándalo en el país.
Tras reconocer que participó del encuentro, renunció a su curul como diputado y a su cargo como secretario del Congreso.
La representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo, instó al Estado a investigar el caso “considerando” las “posibles represalias” contra López “por sus denuncias contra el alcalde Adán Fúnez (de Tocoa), a quien pidió su renuncia por presuntos vínculos con el crimen organizado”.
El ambientalista contaba con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2023 por amenazas contra él y otros ambientalistas de Tocoa.
“Es un acto de cinismo (de las autoridades) ahora salir con comunicados condenando el asesinato, exigiendo investigación cuando no cumplieron su obligación que era de prevenir” un ataque, dijo el abogado y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, quien acompañaba a López en la defensa del río Guapinol.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recordó, a su vez, que el martes emitió una “alerta temprana por la falta de implementación y efectividad de medidas” de protección para López.
Peligro para ambientalistas
López era un férreo opositor a la explotación minera a cielo abierto y denunció daños en la reserva forestal Botaderos, cerca de Tocoa, 220 kilómetros al noreste de Tegucigalpa.
En noviembre de 2021, comentó sobre los riesgos que corren los ambientalistas en Honduras: “Cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes [...] entra en choque con los grandes intereses”.
“Si uno sale de su casa siempre tiene en mente que no sabe que le puede pasar y si puede volver a su casa, y si puede volver a ver a la familia”, afirmó López entonces.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cofundado por Cáceres, señaló que el Estado y el gobierno de Castro “son responsables de este nuevo asesinato por no garantizar la vida de Juan”.
Honduras es uno de los países más letales para los activistas medioambientales en el mundo, de acuerdo con la ONG Global Witness, que en un informe publicado la semana pasada lo ubicó en el cuarto lugar con 18 asesinatos en 2023, después de Colombia (79), Brasil (25) y México (18).