Las elecciones presidenciales en Venezuela, a celebrarse en 2024, una vez más parece que no van a contar con candidatos de la oposición que puedan apartar a Nicolás Maduro de la dirección de ese país.
María Corina Machado es el más reciente caso en el que se utiliza la inhabilitación para truncar el camino de la oposición. La precandidata por el partido Vente Venezuela representaba un gran peligro para Maduro, ya que ha llenado las plazas de las diferentes ciudades y las encuestas la ubicaban como la primera intención de voto.
Pero el régimen tiene un aliado en las proscripciones, las cuales ha utilizado para manipular las contiendas electorales. La Asamblea Nacional de Venezuela, que fue elegida de manera fraudulenta, se ha encargado de modificar la constitución a su antojo para que esto pueda ser realizado por las entidades de control del estado.
Machado no ha sido la primera personalidad política en vivir este destino. Los opositores Leopoldo López, Juan Guaidó, Henrique Capriles y Freddy Superlano también están proscritos, estos dos últimos actuales precandidatos a ocupar el Palacio de Miraflores y los cuales, junto con Machado, comprendían los tres más fuertes líderes políticos en carrera.
El argumento utilizado son las supuestas “irregularidades administrativas” en las que han caído todos, pero estas han sido orquestadas por el mismo régimen. Cuando el expresidente Hugo Chávez sentía que estaba perdiendo el pulso en algún territorio del país, armaba una estrategia para desviar fondos a estos lugares y sustentar las investigaciones que terminaban con las inhabilitaciones.
“La Constitución dice claramente que la inhabilitación para ejercer un cargo de elección popular implica una sentencia definitivamente firme emanada de un tribunal de la República y donde evidentemente el imputado se ha podido defender”, explicó a Infobae Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista venezolano.
Pero la Contraloría de Venezuela ha emitido las inhabilitaciones, como lo hizo con María Corina, sin realizar un procedimiento de estas características, iniciando por el lado de que a la precandidata no se le había notificado del procedimiento que se adelantaba en su contra. Se enteró por la decisión.
Además, Raffali le aseguró al mencionado medio que la Contraloría no tiene la competencia para determinar la proscripción. “Ella no está ejerciendo ningún cargo público desde hace muchos años y ese es el único elemento que le daría competencia a la Contraloría. La posición del régimen es utilizar a la Contraloría para poder decidir quién va o no a ser el candidato de la oposición, lo cual es un absurdo. Es decir, esto es una receta al más puro estilo nicaragüense”, sostuvo, haciendo referencia a que esta misma táctica ha sido utilizada por el régimen de Daniel Ortega en el país centroamericano.
Y agregó que Nicolás Maduro “no solo vulnera el derecho del posible candidato a participar y recibir votos, también vulnera el derecho de las organizaciones políticas a postular y vulnera el derecho de los ciudadanos electores a ejercer su sufragio en función a los candidatos de su preferencia, es decir, atenta contra el sufragio como figura protagónica de la democracia constitucional”.
Ante este panorama, crecen las dudas sobre quién podrá ser el dirigente que lidere a la oposición en las elecciones primarias de octubre y después en las presidenciales, puesto que, de ganar uno de los tres precandidatos mencionados anteriormente (Machado, Capriles o Superlano), lo más probable es que el mismo régimen haga lo posible por no reconocer la votación, debido a las inhabilidades que pesan sobre ellos.