Fiscales mexicanos anunciaron este martes que fue arrestado un sospechoso del asesinato del alcalde de una ciudad del sur de ese país, que fue decapitado cuando llevaba menos de una semana en el cargo.
Alejandro Arcos, gobernante de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, fue asesinado el 6 de octubre y su cabeza fue colocada en el capó de una camioneta.
Varios medios de comunicación, incluidos Milenio y El Universal, identificaron al detenido como Germán Reyes, encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad.
La Fiscalía de Guerrero publicó una foto del sospechoso, identificándolo como Germán “N”, siguiendo una práctica habitual de no publicar nombres completos.
El organismo dijo que estaba acusado de homicidio con relación al asesinato de Arcos.
El alcalde fue elegido en junio para representar a una coalición opositora que incluía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que denunció su asesinato como un “crimen cobarde” y pidió justicia.
Los políticos mexicanos, sobre todo a nivel local, son víctimas frecuentes de matanzas vinculadas a la corrupción y el narcotráfico, que mueve miles de millones de dólares.
Guerrero, uno de los estados más pobres del país, padece desde hace años violencia relacionada con las disputas entre cárteles por la producción y el tráfico de drogas.
Lo cierto es que el crimen continúa arrebatando la vida de decenas de personas en México. Solo el fin de semana, en Querétaro, una de las ciudades consideradas más seguras en el país, vivió el asesinato de diez personas en un bar. Asimismo, el jueves pasado fueron hallados los cuerpos sin vida de 11 personas, incluidos dos menores, en el interior de una camioneta en Chilpancingo.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó en México una polémica estrategia antidrogas con el apoyo activo de fuerzas militares, suman más de 450.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones de personas, según cifras oficiales.
*Con información de AFP.