Un juzgado supremo de Perú confirmó que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, seguirá con prisión preventiva por el fallido intento de golpe de Estado hace más de un año, exactamente, el 7 de diciembre de 2022.
Cabe recordar que el destituido expresidente tiene esta medida por 18 meses por el presunto delito de rebelión y conspiración por el intento de golpe de Estado, a la que se le suma otra orden de cárcel preventiva por un periodo de 36 meses por, supuestamente, haber liderado una organización criminal en el interior del Ejecutivo para cometer delitos de corrupción.
Juan Carlos Checkley, juez supremo de Perú, estableció que aún subsisten las razones que argumentaron el dictado de la prisión preventiva contra Pedro Castillo por el plazo de 18 meses en este proceso penal, de acuerdo con la resolución que publicó RPP Noticias.
De tal manera, el poder judicial confirmó que la vigencia de la prisión preventiva dictada por la misma sala el 15 de diciembre del 2022 y ratificada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el pasado 28 de diciembre del mismo año.
Vale decir que el expresidente de Perú está recluido en el penal Barbadillo de Lima, Perú, luego de que anunciara el cierre del Congreso y un gobierno de emergencia, un mensaje que dio desde el palacio presidencial el 7 de diciembre de 2022.
Por tal motivo, el Congreso lo destituyó, justo el mismo día que debía responder por una denuncia de presunta corrupción en el Ejecutivo, minutos posteriores fue capturado por su escolta cuando llevaba a su esposa e hijos a la embajada de México en Lima.
En el pasado mes de junio, el juez César San Martín declaró infundada la apelación que “planteaba nulidad o dejar sin efecto la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía como diligencias por organización criminal, tráfico de influencia con agravantes y colusión agravada en investigación contra Castillo Terrones”.
En la resolución, San Martín indicó que la Fiscalía de la Nación no infringió los artículos 99, 100 y 117 de la Constitución luego de realizar las diligencias preliminares contra el expresidente por los mencionados delitos.
“No se infringió disposición constitucional ni precepto legal alguno, así como tampoco derechos del impugnante. Su recurso debe desestimarse”, señaló.
Por su parte, la Corte Suprema de Perú ratificó el pasado 31 de marzo, la decisión de imponer 36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo mientras es investigado por un caso de corrupción, luego de rechazar un recurso de apelación presentado por su defensa.
Se debe anotar que en el caso de corrupción, el expresidente de Perú es investigado por, supuestamente, liderar durante su gobierno una organización criminal que se dedicaba a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Dicha investigación del Ministerio Público se hizo oficial luego de que el Congreso aprobara el informe final de una denuncia constitucional contra Castillo, un paso previo necesario.