La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este lunes su "profunda preocupación" por la "grave escalada" de violencia en Bolivia, en el marco de una crisis política y social que llevó a la renuncia del presidente Evo Morales.

En un comunicado fechado en Quito, donde realiza audiencias esta semana, la CIDH indicó que la situación en Bolivia se ha visto agravada por nuevos actos de violencia partidaria, en el marco de la cual se registraron hostigamientos, saqueos, incendios de autobuses y edificios municipales.

La convulsión social en el país deja al menos tres muertos y más de cuatrocientos heridos en enfrentamientos entre seguidores de Morales y quienes temían que se perpetuara en el poder.

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La comisión, que celebra en Quito una serie de audiencias de varios casos de derechos humanos en América, condenó todo acto de violencia e hizo un llamamiento al Estado a garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna de su ideología, pertenencia política o cargo.

"Muy especialmente hace un llamado a que se respete el derecho a la vida, integridad y libertad personal, así como la libertad de expresión", indica el comunicado.

Al mismo tiempo, la CIDH extendió un llamamiento a los actores políticos y sociales "a cesar todo acto de violencia por parte de organizaciones o movimientos ciudadanos".

"La comisión recuerda la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables", añade el escrito.

Finalmente, la CIDH destacó la importancia de que la actual crisis política y social sea resuelta con apego a Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y por los canales democráticos para garantizar el pleno respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos de todas las personas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.