Este miércoles, 21 de febrero a las 10:00 a.m. (hora local en La Haya, Países Bajos), una delegación de Colombia participará en las audiencias que organizó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la solicitud de opinión consultiva para determinar las consecuencias jurídicas derivadas de las prácticas y políticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental.
La solicitud fue consecuencia de una resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 30 de diciembre de 2022, en la que advierten de las violaciones de derechos humanos por parte de Israel en territorio palestino y piden una opinión a la CIJ. La resolución fue avalada con el voto favorable de 87 Estados, incluida Colombia, y busca establecer las consecuencias jurídicas de la ocupación histórica de Israel, desde 1967 y que continúa en la actualidad.
Más de 50 Estados y organizaciones internacionales, incluida Colombia, presentaron declaraciones escritas y participarán en las audiencias que inician mañana 21 de febrero y concluirán el próximo lunes 26 de febrero.
La delegación de Colombia estará encabezada por la Coordinadora del Grupo de Asuntos ante la Corte Internacional de Justicia de la Cancillería, Andrea Jiménez Herrera, quien pronunciará la intervención oral, y la Embajadora de Colombia en Países Bajos, Carolina Olarte Bácares.
Cabe aclarar que este proceso es independiente de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el pasado 29 de diciembre de 2023, relativa a la violación de disposiciones de la Convención sobre el Genocidio de 1948, por parte de ese país.
En enero de 2024, cuando la CIJ exigió a Israel “adoptar medidas inmediatas y efectivas” para prevenir el genocidio en Gaza, el presidente Petro celebró la posición del tribunal como un “triunfo de la humanidad: Israel debe impedir el genocidio. Lo que se impone es un cese al fuego para la liberación integral de los rehenes en ambas partes”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
Días antes, el Gobierno de Colombia ya había anunciado, mediante comunicado del pasado 10 de enero que, como Estado parte de dicha Convención sobre el Genocidio, está dispuesto a acompañar esa acción judicial mediante recursos y herramientas procesales que suministran el Estatuto y la práctica de la Corte Internacional de Justicia.
“La República de Colombia espera, tras las audiencias convocadas, que la Corte se pronuncie sin dilación sobre la solicitud de las medidas provisionales de urgencia solicitadas por Sudáfrica y adopte decisiones que permitan que cese ya el baño de sangre en Gaza y los territorios ocupados”, afirma el comunicado oficial del Gobierno colombiano.
En cuanto a las audiencias que empezarán mañana, lo que buscan es que la Corte Internacional de Justicia, basada en las exposiciones de hechos y los informes que presenten los países, emita una opinión consultiva sobre la situación de la ocupación de Israel en Palestina, “considerando las normas y principios del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos”, como sostiene la Resolución de la Asamblea General de la ONU.
Las preguntas que deberá contestar la CIJ son: “¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la continua violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas encaminadas a alterar la situación demográfica, composición, carácter y estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de leyes y medidas discriminatorias conexas? ¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel (…) a la condición jurídica de la ocupación, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de esa condición para todos los Estados y las Naciones Unidas?”.