Por Ronal Rodríguez, especial para El País*
El principal logro de Gustavo Petro en materia internacional, después de un año y medio de gobierno, es la recuperación de relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela. La normalización de los pasos fronterizos oficiales y la recuperación del comercio binacional son los principales resultados de un proceso que ha resultado más difícil de lo esperado.
La relación entre las administraciones del colombiano y de Nicolás Maduro se ha caracterizado por su alto dinamismo: se han dado cuatro encuentros presidenciales bilaterales (tres en Caracas y uno en la frontera), a los cuales hay se suman otros tres en espacios multilaterales.
Los principales temas que han abordado son: la importancia de la relación bilateral, la recuperación de los consulados, la frontera, el medio ambiente, las negociaciones con el ELN y las disidencias de las Farc en el marco de la denominada Paz Total, el comercio, la migración y los asuntos energéticos.
A pesar del dinamismo y la voluntad política, algunos temas han resultado complejos, entre ellos el consular. Mientras Venezuela recupera su infraestructura en Colombia para la atención de sus ciudadanos y proyecta abrir un consulado en Cali, adicional a los nueve existentes antes de la ruptura de relaciones, Bogotá se ha encontrado con problemas estructurales que han dificultado la atención a sus ciudadanos residentes en el vecino país, porque la falta de agua, electricidad y conectividad han torpedeado la labor de los funcionarios y se está muy lejos de recuperar las quince oficinas oficiales que se llegó a tener.
La relación bilateral continúa siendo frágil y altamente dependiente de las simpatías entre Petro y Maduro, lo que en el largo plazo es un riesgo. A pesar de esfuerzos de las autoridades colombianas por reinstitucionalizar la relación, como el del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, promotor de la actualización del Acuerdo de Alcance Parcial Número 28, para dar seguridad jurídica al comercio bilateral, la verdad es que consolidar la relación con Caracas es difícil por la perpetua crisis que prevalece y la inestabilidad inherente a los regímenes no democráticos.
El principal reto será trabajar para consolidar la relación del Estado colombiano con Venezuela más allá del 7 de agosto de 2026, cuando asuma un nuevo presidente en Colombia. En el otro país, y a pesar de que 2024 es año de elecciones presidenciales, es poco probable que el chavismo salga del poder. Sin embargo, trabajar por consolidar unas buenas relaciones con Venezuela, nuestro vecino más importante, no se puede confundir con apoyar al chavismo y mucho menos convertirnos en la caja de resonancia de las narrativas del régimen de Maduro, como lamentablemente lo vienen haciendo el presidente Petro y el canciller Álvaro Leyva.
De espaldas a la migración
Entre diciembre de 2022 y el mismo mes de 2023 salieron de Venezuela 402.354 personas buscando un mejor destino ante la continuidad de la crisis socioeconómica que prevalece en el hermano país. Un crecimiento del 8,3%, llegando a los 7.722.579 venezolanos que conforman la diáspora. Ni la crisis se ha resuelto ni la migración se está devolviendo. Por el contrario, la población venezolana sale cada vez más joven y menos preparada para la travesía migratoria.
Sin embargo, por primera vez la migración se reduce en 0,7 % en Colombia, pasando de los 2.896.748 a los 2.875.743 en el último año, según los datos de Migración Colombia. Una contracción de 21.005 venezolanos, la gran mayoría de ellos, al parecer, se han sumado a la ruta por el Darién en dirección a los Estados Unidos, ante el fracaso de su proceso de integración en nuestro país.
El tema migratorio no es una prioridad para el gobierno Petro y su posición se alinea con la de México, Chile y EE.UU., que le apuestan más a la contención migratoria que a la integración, con la diferencia de que esos países implementan políticas de deportación, expulsión y retorno “voluntario” de los venezolanos, lo que para el caso colombiano resulta inocuo, por los 2219 kilómetros de frontera que compartimos con Venezuela.
Colombia, a diferencia de otros países, no le puede dar la espalda a la integración migratoria de la población venezolana, sobre todo cuando ya representa el 27,6 % de la población de Cúcuta, el 10,8 % de Barranquilla, el 9,1% de Medellín, el 7,6 % de Bogotá y el 5,8 % de Cali.
Así las cosas, se requiere una política exterior en dirección a la búsqueda y consecución efectiva de recursos de la cooperación internacional para la atención, registro e integración de la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela.
En 2023 solo se logró conseguir la tercera parte de los recursos internacionales que se requerían en la región para la respuesta a la migración venezolana; en 2024, según las primeras estimaciones, se contará solo con la quinta parte de los recursos necesarios, ante el surgimiento de nuevas crisis migratorias en oriente próximo.
Así mismo, es necesario reconstruir la infraestructura institucional para el abordaje de la migración venezolana. Después de un año y medio aún no se logra consolidar una institucionalidad a nivel nacional para la dirección y coordinación de los temas migratorios en el país. Desde el cierre de la llamada Gerencia de Frontera, no se tiene un responsable de la gobernanza migratoria a nivel nacional y prácticamente se perdieron las instancias de coordinación que existían con las regiones y los municipios para el abordaje del tema. Las cifras de la migración venezolana se estabilizan en Colombia, pero no se les puede dar la espalda.
*vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y coordinador del Radar Colombia Venezuela y de la Bitácora Migratoria, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.