La corte suprema de Venezuela ratificó este viernes una inhabilitación política contra María Corina Machado, electa en primarias como la candidata de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de este año.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, creó un mecanismo de impugnación de inhabilitaciones para quienes “aspiran a postularse” a las presidenciales de 2024, bajo presión de Estados Unidos y en medio de los acuerdos suscritos en Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación que media Noruega.

Más temprano ratificó igualmente la inhabilitación de Henrique Capriles, que enfrentó al expresidente Hugo Chávez en 2012 y un año después a Maduro.

Pese a haber pactado un mayor respeto a la oposición, el Gobierno de Maduro le sigue poniendo trabas y ahora busca invalidar las elecciones en las que ganó María Corina Machado.

Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia.

La Sala Político Administrativa del TSJ validó los argumentos de este organismo de sancionar a Machado, de 56 años, por ser “partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Antonio Guaidó M., que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”.

Guaidó, hoy en el exilio, fue reconocido como presidente encargado del país por más de 60 países, incluido Estados Unidos, que presionaron con sanciones la caída sin éxito de Maduro.

María Corina Machado deberá ser habilitada para las elecciones presidenciales de 2024, según lo acordado en Barbados. | Foto: 2023 Anadolu

Machado había sido inhabilitada por un año en 2015 por asistir como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americano donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían “la salida” de Maduro y dejaron 40 muertos. Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado por haber “solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en la salud venezolana”.

La dirigente liberal sostuvo que nunca fue notificada sobre la medida, que siempre tachó de ilegal, y a pesar de su inhabilitación conquistó más de 2 millones de votos (92%) en las primarias de la principal alianza opositora.

La decisión de este viernes cierra en la práctica la posibilidad de que pueda enfrentar a Maduro, candidato natural del chavismo, en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año con observación internacional, parte también de lo acordado en Barbados.

*Agencia AFP.