El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, exigió la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, un fiscal y un juez por orquestar un supuesto plan de golpe de Estado.
“Guatemaltecos, los golpistas deben renunciar, la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana en asociación perversa han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo”, dijo en rueda de prensa.
Arévalo, y el mandatario saliente, el derechista Alejandro Giammattei, se reunieron para iniciar un proceso de transición que debe culminar en enero. La cita se dio en medio de tensiones por la persecución de la Fiscalía contra el partido Semilla de Arévalo, quien denunció un plan de “golpe de Estado” para impedir que asuma en enero de 2024.
En este encuentro participó también el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuya misión electoral ha criticado la “persecución” contra Semilla. La reunión se celebró en privado, sin acceso a la prensa.
Almagro realizó una visita a Guatemala del 1 al 4 de agosto por invitación del presidente derechista Alejandro Giammattei, a raíz de la crisis política desatada tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de junio.
Durante la visita Almagro se reunió con miembros de los poderes del Estado, con políticos, observadores electorales, movimientos indígenas, la sociedad civil y representantes de distintas religiones.
El presidente electo de Guatemala rompe diálogo con gobierno
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, rompió el diálogo el martes con el gobierno saliente al anunciar que suspende el proceso administrativo de transición de poder, tras la última arremetida de la fiscalía con el allanamiento a dos sedes de Tribunal Supremo Electoral y la revisión de cajas con votos.
Arévalo pidió la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, así como del fiscal que solicitó los allanamientos, Rafael Curruchiche, y del juez que los autorizó, Fredy Orellana. Aseguró, además, que solo retomará el proceso iniciado con el presidente Alejandro Giammattei cuando se reestablezcan “las condiciones políticas necesarias”.
“En asociación perversa, han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en proceso, que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral, otorgando un disfraz judicial a una acción política y espuria del partido UNE” dijo Arévalo en conferencia de prensa, aludiendo al partido perdedor de la segunda vuelta electoral de la candidata Sandra Torres.
La fiscalía de Guatemala intensificó el martes en la mañana su acometida contra la autoridad electoral y el proceso de elecciones presidenciales celebrado recientemente (que dio como ganador a Arévalo), como parte de una serie de investigaciones que el ente rector electoral considera una injerencia sin precedentes.
Según la constitución de Guatemala, el presidente electo debe tomar posesión de su cargo el próximo 14 de enero. Con su decisión de dejar la transición, Arévalo explicó que “de ninguna manera obstaculiza la continuidad del proceso legal de transmisión del poder” que está fijado constitucionalmente. Lo que causará, matizó, es un ajuste en la transferencia de información planteada.
Desde la presidencia, se emitió un pronunciamiento de reacción: “Ésta es una decisión que respetamos pero no compartimos, pues se realizó derivado de acciones ajenas al Organismo Ejecutivo que no interfieren con el proceso que se había desarrollado a la fecha”.
“Muy preocupados”
“No es secreto que estamos muy preocupados”, declaró este jueves durante una sesión del Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la OEA, en Washington.
“Esta misión logró el compromiso de todos los poderes del Estado que la segunda ronda se realizará el 20 de agosto” entre los binomios encabezados por Torres y Arévalo, que se abrirá “un proceso de transición ordenada, abierta y transparente”, y que “al ganador (...) se le entregará el poder el 14 de enero”, detalló Almagro.
Las autoridades guatemaltecas han invitado además a la OEA “a participar en el proceso de transición” hasta el 14 de enero en el marco de la Misión de Observación Electoral (MOE) pero “con especialistas políticos”, añadió, convencido de que la misión ha infundido “calma” y mitigado los ánimos.
Giammattei ha sido claro: “Se dice que a Arévalo no se le dejará asumir pero yo sí le traspaso el poder en caso de que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) diga que ganó, lo mismo vale para la candidata Sandra Torres”, dijo, según el diplomático uruguayo.
Almagro calificó de “muy preocupante” el contexto de “excesiva judicialización” de los procesos electorales. “Los actores de los poderes del Estado coincidieron en señalar que hay separación de poderes”, pero “todos ellos han estado involucrados en las elecciones” resaltó.
Con información de AP y AFP*