Este miércoles 13 de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó la condena por administración fraudulenta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de Argentina en el período de 2007 a 2015 y vicepresidenta en el 2019 hasta el 2023, es condenada a seis años de prisión e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

Los magistrados han coincidido con las conclusiones del primer juicio, al determinar que Fernández es culpable de un delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública | Foto: 2022 Pool

La exfuncionaria había sido condenada en diciembre de 2022 por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, siendo absuelta en cuanto a los cargos de asociación ilícita. Sin embargo, su condena actual, ahora se centra en la causa conocida como “Vialidad”, en la que se investigaron irregularidades por la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez, hechos ocurridos durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), su esposo.

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Fernández, elegida como presidenta y sucesora de su pareja; la expresidente denunció que estaba afrontando una persecución política desde el ámbito judicial, por haber sido acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la de su difunto marido, Néstor Kirchner (2003-2007).

Ante su condena, a la acusada le queda la opción de presentar un último recurso, como medida para que la sentencia pueda ser recurrida, a fin de que su condena sea revocada, total o parcialmente, por la justicia Argentina.

Asimismo, han rectificado las condenas para el resto de personas implicadas y acusadas, entre las cuales se encuentra el empresario Lázaro Báez, con una pena de seis años de prisión. Fue acusado de recibir centenares de proyectos a nombre de su empresa “Austral Construcciones”, y de acuerdo con La Cámara de Casación, no cumplieron con la normativa legal vigente.