El presidente Joe Biden ordenó este 4 de junio suspender la tramitación de asilo en la frontera de Estados Unidos con México en caso de que el número de ingresos ilegales alcance un umbral que considera excesivo.
La medida entra en vigor de forma inmediata ya que la nueva política se activa cuando las detenciones por ingreso ilegal alcancen las 2.500 al día. Alrededor de 4.000 personas entran cada día a Estados Unidos.
Se trata de un enorme cambio en materia migratoria, un tema crucial durante un año electoral, que ha expuesto a Biden a las críticas de los republicanos por el incremento sin precedentes de recién llegados.
Activistas afirman que el decreto pondrá a los migrantes en riesgo y violará las obligaciones internacionales de brindar refugio a las personas cuya vida está en peligro. Y las impugnaciones legales son inminentes.
También existen serias dudas sobre si la nueva medida puede frenar el ingreso de migrantes a gran escala. México ha aceptado recibir a migrantes que no son mexicanos, pero solo en cantidades limitadas. Y el gobierno Biden no dispone del dinero ni del respaldo diplomático necesarios para deportar a los migrantes hacia destinos lejanos, como China o a países de África, por ejemplo.
Muchos de los que piden asilo hoy en día son libres de vivir y trabajar en Estados Unidos en lo que se procesan sus solicitudes lentamente a través de los desbordados tribunales de inmigración.
¿Cómo se aplicará la medida?
El umbral activa una suspensión en los procesos de asilo hasta que el promedio diario de detenciones por cruces ilegales caiga por debajo de 1.500 durante una semana seguida. La última vez que los cruces fueron tan bajos fue en julio de 2020, alrededor del pico de la pandemia.
Las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia, conocidas como Título 42, no conllevaban consecuencias legales y alentaban a los migrantes a intentar ingresar al país en múltiples ocasiones. Ahora, los migrantes recibirán órdenes de deportación incluso si se les niega la posibilidad de solicitar asilo. Esto los dejará expuestos a un proceso penal si tratan de cruzar nuevamente y les prohibirá entrar legalmente al país durante varios años. Se trata de una diferencia clave.
¿Hay excepciones?
Los migrantes que expresen temor por su seguridad en caso de ser deportados serán revisados por los funcionarios de asilo, pero bajo un estándar más estricto que el actual. Si su caso es aprobado, pueden permanecer en el país para solicitar otras formas de protección humanitaria, incluidas aquellas contempladas por la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.
Los menores sin compañía de un adulto están exentos, lo que plantea la posibilidad de que algunos padres envíen a sus hijos e hijas al otro lado de la frontera sin ellos.
¿Qué papel juega México?
Un papel fundamental. Estados Unidos dispone de fondos limitados para deportar a las personas a más de 100 países, entre ellos muchos en África y Asia. También carece de la capacidad diplomática y logística para deportar a un gran número de personas a muchos países, como China, Rusia y Venezuela.
Una orden judicial de 1997 limita en general la detención de familias con un hijo menor de 18 años a 20 días, un plazo por demás ambicioso y quizá poco realista para examinar a personas que expresan temor a ser deportadas y luego subirlas a un vuelo.
Incluso en el caso de adultos solos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) solo dispone de fondos suficientes para detener a unas 34.000 personas a la vez.
México ha aceptado acoger hasta 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, además de mexicanos. Su compromiso no se extiende a otras migrantes de otras nacionalidades.
Este año, México también ha dificultado mucho más el acceso de los migrantes a la frontera estadounidense, en gran medida al impedirles viajar en trenes de carga y deteniéndolos en autobuses para enviarlos de regreso al sur de México. Aunque las autoridades mexicanas impiden el avance de los migrantes, son relativamente pocos los que son deportados, lo que provoca que muchos se queden atrapados en ciudades mexicanas alejadas de la frontera estadounidense.
Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, declaró a la prensa el mes pasado que México no permitirá más de 4.000 entradas ilegales al día. Se espera que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre, continúe con las políticas de su mentor y actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.
¿Se ha intentado antes?
Se trata de la más reciente de una serie de medidas de los gobiernos de Biden y Trump para disuadir a los solicitantes de asilo, ninguna de las cuales ha tenido efectos duraderos.
En mayo de 2023, Biden impuso obstáculos similares al asilo para quienes cruzaran ilegalmente la frontera tras pasar por otro país, como México. Un tribunal federal de apelaciones permitió que esas restricciones se mantuvieran en vigor mientras se resuelven las impugnaciones que presentaron activistas, pero al parecer han tenido poco impacto.
Los cruces ilegales disminuyeron tras la entrada en vigor de las restricciones el año pasado, pero la tregua duró poco, ya que el número de agentes de control era insuficiente para la enorme tarea. La aplicación de la norma en solo un pequeño porcentaje de las detenciones demostró cómo los presupuestos pueden no estar a la altura de las ambiciones.
Biden invocó una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que permite al presidente prohibir la entrada a grupos de personas si su presencia “fuera perjudicial para los intereses de Estados Unidos”. El presidente Donald Trump utilizó estos poderes para prohibir la entrada de personas de algunos países predominantemente musulmanes, aunque se tiene previsto que los grupos defensores argumenten que Biden no cumplió con el criterio de “perjudicial”.
*Con información de AP.