Entre gritos que llamaban a acabar con la clase política, el ultraliberal antisistema Javier Milei fue elegido presidente de Argentina con la promesa de dolarizar la economía y dejar atrás la severa crisis que sufre el país.
Sin embargo, ese no será el único desafío que tendrá, sino que deberá iniciar su mandato el próximo 10 de diciembre con minorías en el Congreso y un amplio sector de la sociedad que ya se moviliza en su contra.
La ‘terapia de shock’ prometida por Milei para equilibrar las cuentas pasa por privatizar empresas del Estado y recortar un 15 % el gasto público.
Esto apaciguaría al Fondo Monetario Internacional (FMI), al que el país debe un préstamo de 44.000 millones de dólares otorgado en 2018 al entonces presidente Mauricio Macri.
Milei aboga, además, por acabar con subsidios crónicos al transporte, la energía y el agua, liberar los precios y eliminar impuestos a la exportación.
“El programa de gobierno de Milei requiere importantes reformas estructurales, especialmente si pretende cumplir con su promesa de dolarizar la economía y eliminar el Banco Central”, dijo Jimena Blanco, analista de la firma Global Risk Insight.
“Sin embargo, lo primero requiere dólares de los que el Banco Central carece actualmente, por lo que la probabilidad de una dolarización inmediata sigue siendo remota”, añadió.
Pero Milei afirma que el proyecto se llevará a cabo con los dólares que los argentinos llevan años guardando bajo la cama. Su principal asesor económico, Emilio Ocampo, explicó en una charla en agosto pasado que la dolarización “es la alternativa que tiene menos probabilidad de fracaso”.
“Nuestra adicción al populismo nos llevó a no tener una moneda estable, por lo cual se necesita una reforma monetaria dura”, añadió.
Otra de las piedras en el zapato para Milei es la arraigada cultura de ayudas sociales, con sindicatos y organizaciones poderosas que tiene Argentina.
Además, se le suman “un montón de colectivos anti-Milei que no existían hasta el 13 de agosto”, dijo Iván Schuliaquer, politólogo de la Universidad Nacional de San Martín, en referencia a las elecciones primarias en las que el libertario fue la sorpresa al conseguir el mayor número de votos.
El mandatario electo asumirá con “una resistencia ya activada”, agregó, hablando de las organizaciones de Derechos Humanos, feministas, colectivos LGBTIQ, ambientalistas e incluso clubes de fútbol que lo consideran una amenaza no solo para su propia subsistencia sino para la democracia.
De su lado, el politólogo Gabriel Vommaro, teme las consecuencias de este escenario en un país donde cuatro de cada 10 argentinos son pobres y la mitad de la población recibe algún tipo de ayuda o subsidio.
“Milei trae consigo una situación de confrontación político-social que se puede anticipar en un contexto de ajuste económico, sobre todo del gasto público y de los funcionarios”, señaló.
El partido del ultraderechista, La Libertad Avanza, entró en el Congreso en 2021 con tres diputados y ahora es la tercera fuerza más importante con 38 de 257 parlamentarios.
Es un organismo el que ningún grupo tiene la mayoría absoluta, pero donde el bloque de centroizquierda sigue dominando con 108.
En el Senado, la colectividad tiene siete de los 72 congresistas. Para ganar, Milei necesitó el apoyo de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, que compone la segunda minoría con 93 diputados.
Esta alianza, sin embargo, dañó la unidad de la coalición, que se dividió entre si apoyar o no a Milei en la segunda vuelta. Además, tampoco tendrá el apoyo de los gobernadores, crucial en una república federal.
Por esto, el presidente electo “deberá hacer concesiones que no pretendía hacer antes de las primarias”, dijo Schuliaquer.
Milei también tendrá que reconstruir puentes con socios clave con los cuales ha sido muy crítico, especialmente Brasil y China, los dos principales socios comerciales de Argentina.
“No hago pactos con comunistas. Soy un defensor de la paz, de la libertad y la democracia”, dijo Milei en su entrevista con el estadounidense Carlson Tucker en septiembre.
Recientemente, explicó que esto no impide a los empresarios negociar directamente con ellos, sin intervención del Estado.
*Con información de AFP.