Los familiares de los tres miembros del equipo periodístico ecuatoriano asesinados por disidentes de las Farc en abril del año pasado pidieron explicaciones este miércoles al Ministerio de Defensa colombiano sobre las operaciones que realizó la fuerza pública en la zona de frontera.
"Solicitamos que se realice una ampliación de la información enviada desde su cartera de Estado con relación a las operaciones realizadas en la zona", expusieron los familiares en el escrito remitido al ministerio.
El secuestro del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fue perpetrado el 26 de marzo de 2018 en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde recababan información sobre los ataques guerrilleros registrados en esa región ecuatoriana.
Luego de 18 días de incertidumbre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó que los tres fueron asesinados por el frente disidente de las Farc, Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho, que murió en un operativo militar el pasado diciembre.
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"Nosotros tenemos muchas dudas sobre el accionar del Ejército y la Policía. Una de ellas es que a nosotros como familiares nos dijeron que las operaciones en la frontera se suspendieron desde el momento de su secuestro y de acuerdo con investigaciones alternas eso no sucedió", dijo en declaraciones al diario El Tiempo Yadira Aguagallo, pareja de uno de los fallecidos.
Además del escrito, los familiares entregaron al ministerio una copia del libro "Rehenes", escrito por los periodistas ecuatorianos Arturo Torres y María Belén Arroyo, en el que se relata la situación en la frontera y el secuestro de los fallecidos.
Según ese libro, la Fuerza Pública colombiana ingresó en territorio ecuatoriano y se adentró en la zona controlada por el grupo de alias "Guacho", donde estaban retenidos los tres periodistas del diario El Comercio.
"Fuentes humanas de todos los rangos -desde la tropa hasta altos oficiales- confirmaron a Torres y Arroyo la existencia de estos operativos", se señaló en el texto dirigido al ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero.
Los familiares de los periodistas asesinados acudieron el pasado mes de octubre a una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar un informe sobre la supuesta negligencia de la Fiscalía de Ecuador en la indagación del caso.
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