Los franceses están llamados a manifestar de nuevo el jueves contra la impopular reforma de las pensiones, la víspera de que el Consejo Constitucional se pronuncie sobre el porvenir de esta ley del presidente liberal Emmanuel Macron.

Desde enero, cientos de miles de personas manifiestan contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.

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Muestra del malestar todavía presente, la visita de Estado de Macron a Países Bajos ha estado marcada por las protestas aisladas de los opositores a la reforma y, este miércoles, se bloquearon universidades en París, Rennes y Lille.

Los basureros de París reiteraron también su determinación a hacer huelga a partir del jueves, después que una primera de tres semanas dejará más de 10.000 toneladas acumuladas en las calles e imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Pese al rechazo frontal de los sindicatos y de dos de cada tres franceses, según los sondeos, el presidente francés mantuvo su reforma que, a mediados de marzo, decidió adoptar por decreto, al temer perder el voto en el Parlamento.

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Esta decisión recrudeció las protestas, provocando choques entre policías y manifestantes radicales, pero estas han perdido fuerza en las últimas semanas, a la espera de la decisión del Consejo Constitucional el viernes.

Las autoridades esperan entre 400.000 y 600.000 manifestantes el jueves en la duodécima jornada de protestas, cuando una parte del país tiene vacaciones escolares, según el medio France Info.

El transporte público de París circulará con "casi normalidad" y las anulaciones en el servicio de trenes serán menores, con un tren de alta velocidad de cada cinco suspendido.

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Todas las miradas están puestas en el Consejo Constitucional, que debe decidir el viernes si la reforma es válida y si acepta el referéndum planteado por la oposición de izquierda sobre la edad de jubilación, dos decisiones que marcarán el futuro de un conflicto social enquistado.

"Esperamos la decisión del Consejo Constitucional", aseguró este miércoles el portavoz del gobierno, Olivier Véran, en la cadena France 2.