El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden propuso formalmente este jueves 16 de mayo reclasificar a la marihuana como una droga de bajo riesgo, un cambio histórico que acercaría la política federal a la opinión pública.
“Demasiadas vidas han sido alteradas debido a un enfoque equivocado hacia la marihuana y me he comprometido a corregir esos errores”.
La marihuana ha sido clasificada desde 1970 como una droga perteneciente a la Lista I, según la Ley de Sustancias Controladas (CSA, por sus siglas en inglés), junto con la heroína, el éxtasis y el LSD, lo que supone que carece de un uso médico aceptado y que tiene un alto potencial de abuso.
La iniciativa para reclasificar el cannabis fue presentada por la administración Biden a finales de abril y el Departamento de Justicia inició oficialmente el proceso el jueves.
La marihuana seguirá siendo una sustancia controlada hasta que se complete el proceso, que incluye un período de consulta pública y una posible audiencia ante un juez.
En 2022, Biden se convirtió en el primer presidente en iniciar una revisión federal de la política sobre la marihuana.
Según un sondeo del Pew Research Center 88% de los estadounidenses cree que la marihuana debería ser legal para uso médico o recreativo. Sólo el 11% dijo que no debería ser legal en absoluto.
El cannabis fue prohibido por primera vez a nivel federal en 1937, una decisión que, según los críticos, se tomó en gran medida siguiendo un razonamiento racista, ya que se percibía como una droga íntimamente ligada al ambiente del jazz y a los inmigrantes mexicanos.
La década de 1970 trajo la “guerra contra las drogas”, que también afectó desproporcionadamente a las minorías, antes de que el movimiento por la marihuana medicinal echara raíces en la década de 1990. En 2012, los estados comenzarán a legalizar el cannabis recreativo para adultos.
El cannabis es hoy un negocio multimillonario en Estados Unidos, y más de la mitad de los estados han legalizado su uso recreativo y medicinal, incluidos California y Nueva York.
Pero su clasificación en la lista I dificulta que las empresas accedan a los servicios bancarios, impide la financiación federal para la investigación de la marihuana medicinal y el comercio interestatal, así como la regulación federal sobre las mejores prácticas y protocolos para la marihuana.
*Con información de AFP.