El tapón del Darién es uno de los pasos fronterizos más peligrosos del mundo, al que miles de personas deciden enfrentarse a diario en búsqueda de México y Estados Unidos.
Inclusive, datos entregados por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, han revelado que cerca de 260 personas han perdido la vida entre los años 2018 y 2023 en el tapón del Darién.
Hace poco, se confirmó que Panamá había instalado alambre de púas en el paso fronterizo en el Darién. Este anuncio desencadenó cierto tipo de reacciones, incluyendo la de Defensoría del Pueblo que consideró que es una medida que “afectará derechos de la población en movilidad humana”.
El pasado mes de julio, la Defensoría del Pueblo comentó que “cerrar al menos 3 de los cruces en el tapón del Darién aumentará el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, concretamente en los cascos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano”.
Enseguida, exhortó al Gobierno de Colombia a “solicitarles a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importante es tener presente los postulados del derecho internacional de los derechos humanos: refugio, accesibilidad a la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional”.
El Servicio Nacional de Fronteras señaló que el campamento, ubicado en la frontera entre Colombia y Panamá, es “manejado por las economías ilícitas y usan avanzada tecnología para su funcionamiento”.
En este lugar habría más de 55 chozas, las cuales se pusieron al descubierto en la operación ‘Arcángel Miguel’ que se llevó a cabo el sábado, 31 de agosto. El campamento, también, es producto de explotación de economías ilícitas circulares que lucran el sufrimiento y desesperación de los migrantes, quienes, son guiados por coyotes hasta este punto desde las costas del caribe.