El máximo tribunal de la ONU ordenó el viernes a Israel detener su ofensiva en Rafah, en el sur de Gaza, un fallo histórico que probablemente acreciente la presión internacional sobre Israel después de más de siete meses de guerra en el territorio palestino.
“El Estado de Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar en Rafah y cualquier otra acción que pudiera infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que provoquen su destrucción física, total o parcial”, afirma la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La corte, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, también ordenó a Israel mantener abierto el cruce de Rafah para que los gazatíes puedan recibir ayuda humanitaria “sin restricciones”.
El tribunal de la ONU pidió además la “liberación inmediata e incondicional” de los rehenes secuestrados por el grupo islamista palestino Hamás en el ataque del 7 de octubre en suelo israelí y retenidos desde entonces en Gaza.
El secretario general de la ONU afirmó que las sentencias de la CIJ son vinculantes y que las partes deben acatarlas. De hecho, el máximo tribunal de la ONU carece de medios propios específicos para imponer sus decisiones.
El gobierno israelí replicó poco después que su ejército “no ha llevado ni llevará a cabo operaciones militares en la zona de Rafah que generen condiciones de vida que puedan causar la destrucción de la población civil palestina, total o parcialmente”.
Hamás elogió el fallo de la corte, pero estimó que Israel debería cesar su ofensiva en toda Gaza y no solo en Rafah. Esta misma semana, el fiscal de otro tribunal supranacional, la Corte Penal Internacional (CPI), pidió que se emitan órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa y tres dirigentes de Hamás.
Israel afirmó ante la corte que un cese al fuego impuesto permitiría un reagrupamiento de los combatientes de Hamás e imposibilitaría la liberación de los rehenes.
En enero, también tras una denuncia de Sudáfrica, este tribunal ordenó a Israel que hiciera todo lo que estuviera en sus manos para evitar actos de genocidio y permitiera la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, pero sin exigir un alto el fuego como demandaba Pretoria.
Sudáfrica consideró que la evolución de la situación, especialmente por la incursión de tropas israelíes en la ciudad de Rafah en el sur de Gaza, exigía una nueva intervención del tribunal.
“Caricatura”
En la audiencia en la CIJ la semana pasada, el representante sudafricano declaró que “el genocidio de Israel ha continuado y alcanzó una nueva y horrenda fase” y acusó al Estado hebreo de torturas, bloqueo de la ayuda humanitaria y de enterrar a personas en fosas comunes.
Israel respondió que la acusación sudafricana estaba “totalmente desconectada” de la realidad y la definió como una “caricatura” de la Convención de la ONU sobre el Genocidio.
Antes de una previsible invasión de Rafah, el ejército israelí ordenó evacuaciones masivas de esa localidad, a fin de eliminar a los que considera los últimos batallones de Hamás, destruir su red de túneles y rescatar a los rehenes.
Según la ONU, estas evacuaciones desplazaron a 800.000 personas, en tanto que un millón de gazatíes, de los 2,4 millones que viven en la Franja, se enfrentan a “niveles de hambre catastróficos”.
La guerra entre Israel y Hamás estalló con el ataque del movimiento islamista del 7 de octubre, que mató a más de 1.170 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales israelíes.
Los milicianos de Hamás también secuestraron a 252 personas, de las que 121 siguen en Gaza. El ejército israelí estima que 37 de ellas han muerto.
La ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza ha dejado hasta el momento 35.800 muertos, principalmente civiles, según datos del Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás.
*Información de AFP*