Cuba volvió a recibir este jueves en la ONU un apoyo casi unánime a su llamamiento para que Estados Unidos ponga fin al embargo sobre la isla, a pesar de la presión de Washington para introducir enmiendas críticas con La Habana, que no prosperaron.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con 189 votos a favor, ninguna abstención y los únicos votos en contra de EE.UU. e Israel la resolución propuesta por la delegación cubana en contra del embargo.

Desde 1992, este órgano ha aprobado todos los años un texto similar, que denuncia los efectos negativos de la política estadounidense y pide su fin, pero que no tiene carácter vinculante.

En esta ocasión, la gran novedad fue un intento del Gobierno de EE.UU. para añadir varias enmiendas al documento, en las que se denunciaba la situación de las libertades y los Derechos Humanos en Cuba.

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La delegación estadounidense reclamó hoy apoyo a ese lenguaje, especialmente a los países europeos, en cuyas posturas sobre Derechos Humanos se basó para redactar sus propuestas.

"Este año, se les pedirá que voten no solo sobre el embargo estadounidense. Se les pedirá que voten también sobre los presos políticos en Cuba. Se les pedirá que voten sobre la falta de libertad de expresión en Cuba. Se les pedirá que voten sobre la opresión de los trabajadores en Cuba", dijo la embajadora de EE.UU., Nikki Haley.

Pese a ello, el movimiento se encontró con una clara oposición en la Asamblea General.

Una tras otra, las enmiendas estadounidenses fueron rechazadas con más de 100 votos en contra, alrededor de 65 abstenciones y los únicos votos positivos de Ucrania, Israel y el propio Estados Unidos.

Varios aliados tradicionales de Washington, como los países de la Unión Europea (UE), incluida España, optaron por la abstención ante esas enmiendas.

El bloque europeo, en todo caso, aclaró que su postura se debía a que considera que la resolución sobre el embargo no era el lugar adecuado para abordar estas cuestiones y no porque no le preocupe la situación de las libertades en Cuba.

También se abstuvieron, entre otros, Canadá, Australia, Japón y varios países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay.

Mientras, en el voto final, todos ellos respaldaron la resolución cubana como habían hecho en años anteriores y Estados Unidos e Israel volvieron a quedarse solos en su "no" al texto.

La resolución fue aprobada con el voto favorable de 189 de los 193 países de la ONU, dos votos menos que hace un año dado que Ucrania y Moldavia optaron por no votar.

El resultado fue muy criticado por Haley, quien lamentó que la organización "traicionase" sus principios y rechazase hablar "en nombre de los derechos humanos".

Según Haley, con la votación de hoy pierde todo el mundo: la ONU, los países que dicen creer en los derechos humanos y, sobre todo, el pueblo cubano.

Los cubanos, dijo la diplomática, han sido "dejados una vez más a los caprichos brutales de la dictadura de los Castro" y "abandonados por las Naciones Unidas y la mayor parte de los Gobiernos del mundo".

Para Cuba, mientras tanto, las enmiendas estadounidenses tenían como único objetivo distraer del pronunciamiento en contra del embargo y crear confusión.

Según el canciller cubano, Bruno Rodríguez, el movimiento era un "artimaña deshonesta" por parte de un Gobierno que "no tiene la menor autoridad moral para criticar a Cuba ni a nadie en materia de Derechos Humanos".

El titular de Exteriores de la isla fue además muy crítico con la actual Administración presidida por Donald Trump, a la que se refirió como un "Gobierno de millonarios que impone políticas salvajes".

Rodríguez, entre otras cosas, llamó la atención sobre "la escalada de pronunciamientos, actos y amenazas del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba" y aseguró que buscan únicamente aumentar la "tensión bilateral".

Prácticamente a la vez que la Asamblea de la ONU se reunía en Nueva York, desde Miami el Ejecutivo estadounidense anunciaba hoy más presión y sanciones contra Cuba.

Según el asesor presidencial John Bolton, el Departamento de Estado va a ampliar la lista de entidades de propiedad o controladas por los militares o los servicios de inteligencia cubanos con las que los estadounidenses no pueden hacer transacciones financieras.