La fiscalía de Venezuela solicitó este lunes el arresto de Edmundo González Urrutia, líder opositor y rival directo del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio en las que el mandatario fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude por parte de la oposición.
El Ministerio Público divulgó en sus redes sociales una copia de la solicitud a un tribunal con competencia en terrorismo de la “orden de aprehensión en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia” por presuntos delitos relacionados con los comicios, que incluyen “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.
Esto, luego de que Edmundo fuera llamado por la fiscalía hasta en tres ocasiones, la última el pasado viernes, para que declarara en una investigación penal abierta por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, demostraban que obtuvo más votos que el presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.
Cabe recordar que la fiscalía venezolana ya había advertido la semana pasada, en el tercer llamado a comparecer dirigido a González, que solicitaría una orden de captura contra el excandidato opositor aludiendo a que había “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización” de la justicia.
González, de 75 años, está en la clandestinidad desde el 30 de julio cuando apareció por última vez en público. Desde entonces solo se comunica a través de redes sociales. En ella, cuestionó la citación de la Fiscalía por considerar que no cuenta con las garantías del debido proceso. En un vídeo publicado en la red social X, antes Twitter, señaló que el fiscal general Tarek William Saab, “se ha comportado reiteradamente como un acusador político, condena por anticipado” y lo cita sin las garantías de independencia y debido proceso.
González ha dicho que se pretende someterlo a una entrevista “sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado, quien promovió la candidatura de Edmundo tras ser inhabilitada para participar en las elecciones, también se mantiene oculta, en particular después de que el 5 de agosto la Fiscalía General, controlada por el oficialismo, abrió una investigación penal en contra de ambos tras la petición que hicieron a los militares y policías para que retiren su respaldo al presidente Maduro y no repriman las protestas que se desencadenaron después de los comicios.
De esta manera, las autoridades del régimen de Maduro, responsabiliza a los dos líderes opositores de los hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
*Con información de AFP y AP