El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró al abogado colombiano Andrés Guzmán como comisionado presidencial de Derechos Humanos y libertad de expresión en este país centroamericano.
“Con este nombramiento, el Gobierno de El Salvador seguirá reafirmando su compromiso con los Derechos Humanos de la población”, consignó un comunicado de la Presidencia.
Guzmán Caballero, quien ha sido profesor en universidades en España, Perú y Colombia, se ha especializado en derecho de nuevas tecnologías y se ha desempeñado como defensor delegado de los derechos en los entornos virtuales y la libertad de expresión en la Defensoría de Colombia.
La población salvadoreña, según el comunicado, “por décadas fue excluida por el poder político, organizaciones no gubernamentales y representantes de la comunidad internacional que anticiparon sus intereses al bienestar de los salvadoreños”.
Desde hace 14 meses, organismos humanitarios cuestionan las detenciones que se realizan en El Salvador sin orden judicial amparadas en el régimen de excepción con el que Bukele mantiene una “guerra” contra las violentas pandillas.
En marzo de 2022, el mandatario emprendió su cruzada, con masivos arrestos de sospechosos de ser pandilleros y les quitó el control territorial que ejercían desde hace años, lo que ha devuelto la sensación de seguridad a la población.
La ofensiva contra las pandillas cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, según encuestas, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia católica han criticado los métodos de Bukele.
El régimen de excepción fue declarado originalmente el 27 de marzo de 2022 por el parlamento, a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de ese año.
Desde entonces han sido detenidos unos 69.000 presuntos pandilleros, aunque unos 5.000 han sido liberados tras verificar que no estaban vinculados a estas bandas, según el Gobierno.
Colombia se identifica con Bukele
El crimen en El Salvador prácticamente se terminó. Ese país acaba de cumplir un año sin homicidios y mientras una parte del mundo da su visto bueno y apoya, algunas organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch han criticado su ejecución y puesta en marcha.
Sin embargo, casi tres meses después de la publicación del traslado de los presos a la nueva cárcel, los colombianos, desde este lado del continente, siguen dando una respuesta positiva al trabajo que está realizando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Una encuesta realizada por un medio de comunicación nacional indagó la percepción que 700 colombianos tienen con respecto a la megacárcel en el país centroamericano; el resultado arrojó que el 67 % de los encuestados manifiestan estar de acuerdo con ese nuevo espacio que fue construido para albergar a 40.000 presos, mientras que el 17 % restante no está de acuerdo, pero este porcentaje corresponde a personas que no sabían del tema o no respondieron.
La encuesta tuvo un foco en 20 de las ciudades capitales y seis municipios de Colombia y se realizó vía llamadas telefónicas. Este trabajo dejó ver resultados importantes, ya que en la región central del país (el 73 %) o en Bogotá (el 70 %) respaldan la cárcel, mientras que en la región Pacífica la respuesta positiva es inferior y se ubica en el 55 %.
La medida que instaló el presidente Bukele en El Salvador para combatir a las pandillas ha logrado desarticular a las pandillas en regiones donde antes era casi imposible ingresar, pero lo ha hecho a costa de restringir libertades individuales y derechos de los ciudadanos.
Bajo esa premisa, las autoridades pueden capturar a cualquier ciudadano, solamente por sospecha. Según datos publicados por el medio El Faro, hasta enero de 2023 habían sido capturadas 63.000 personas.
*Con información de AFP y El País.