46 personas han fallecido en medio de las manifestaciones que se adelantan en Perú desde mediados de diciembre, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo y la llegada al poder de Dina Boluarte.

El pasado lunes 9 de enero Perú enfrentó una de las jornadas más violentas desde el inicio de las protestas. En un solo día fallecieron 17 personas en el sur del país, hecho que ha generado críticas de todo tipo sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares y la policía.

Luego de que Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso, el pasado 7 de diciembre, miles de manifestantes salieron a las calles en protesta contra el recién proclamado gobierno de Dina Boluarte y la captura del ahora ex mandatario peruano. Desde entonces no han parado los enfrentamientos, el mes pasado la mandataria declaró la ciudad en estado de emergencia y replegó las fuerzas de estatales por todo el país con el fin de disolver las marchas, sin embargo, la situación se recrudeció.

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Castillo cuenta con un amplio apoyo social en el sur de Perú, según Hernán Chaparro, director del Instituto de Estudios Peruanos, la población en estas regiones, que es en su mayoría campesina, se ha sentido representada por primera vez con el ex presidente, “Son regiones en las que Castillo obtuvo una amplia votación y hubo una gran identificación con un presidente que por primera vez era un campesino”, señaló el académico, en dialogo con la BBC.

Además, el experto señala que la situación actual tiene raíces históricas relacionadas con el racismo y la exclusión por parte de la población que vive en el centro del país hacia quienes habitan en las periferias y el sur.
Hay preocupación por parte de la ONU y organizaciones de derechos humanos por la escalada de violencia que ha vivido Perú en los últimos meses. “El alto número de muertes, incluidas 18 personas en las últimas 24 horas, y la gravedad de los hechos obligan a una rendición de cuentas de las autoridades hasta el máximo nivel. La Fiscalía Nacional debe investigar a todas aquellas personas que sean presuntamente responsables, no sólo directamente, sino también por ordenar o tolerar el uso excesivo de la fuerza y con ello las muertes arbitrarias y lesiones graves que se están dando en el contexto de las protestas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.